Hace cerca de un año, cuando el Gobierno y las altas cortes iniciaban sus consultas en busca de un acuerdo para la muy urgente reforma de la justicia, dije en esta columna que el presidente Juan Manuel Santos debía evitar la búsqueda del consenso por el consenso mismo. Recordé una frase de Virgilio Barco, un reformista convencido que llegó tarde a la Presidencia, en el sentido de que "el consenso mata las reformas", pues, al tratar de dejar contento a todo el mundo, los promotores del consenso evitan los cambios de fondo que son los que pisan callos.
Con el proyecto de reforma de la justicia, todos los que la negociaron parecen muy contentos. Y eso se debe a que no pisa callo alguno. El principal objetivo de los reformadores tenía que ser acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, ese ente ineficiente, politizado y burocratizado que tanto daño le ha hecho al funcionamiento y a la imagen del poder judicial. Pues lo dejaron casi intacto, salvo por un cambio menor que acaba con la sala administrativa y la reemplaza por una especie de supercorte que, de entrada, luce pesada e ineficaz y, por lo tanto, incapaz de impulsar la administración gerencial que el sector judicial necesita con urgencia.
Con esto, los magistrados del Consejo Superior y sus aliados del Consejo de Estado quedaron felices: la reforma no tocará la fuente del botín burocrático de la justicia. Los congresistas, que también alimentan y se alimentan de ese botín, quedaron dichosos. Y el Gobierno quedó tranquilo con su reversazo, ya que, al proponer eliminar el Consejo Superior, se había trenzado en una dura polémica con buen número de magistrados y eso no le convenía. Todos contentos. Ningún callo pisado. Cero reforma de fondo.
Otro gran objetivo era zanjar con reglas claras el choque de trenes entre las altas cortes por cuenta de la tutela contra sentencias. Como era un tema muy delicado (cuando Álvaro Uribe se metió en ese berenjenal, y lo hizo a favor de la Corte Constitucional, se ganó para siempre el odio de la Corte Suprema), quedó de lado. Ningún callo pisado. Cero reforma. Y el choque de trenes seguirá.
Numerosos expertos nacionales e internacionales recomendaban la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas que hoy lleva a cabo, como investigador y juez, la sala penal de la Corte Suprema. Es una elemental garantía en los Estados de derecho que todo procesado tenga oportunidad de que una instancia distinta a su primer juez revise su caso. En la reforma hay un cambio, más bien menor, que establece la doble instancia en la misma sala penal. Unos magistrados de la sala penal revisan lo que otros, sus colegas, hicieron. Un yo con yo. Una reformita.
El cambio más importante es el remplazo de la actual Comisión de Acusación por un tribunal de nueve juristas, para que la comisión deje de ser de absoluciones. Pero, aun con ese paso positivo, ¿se puede llamar a esto una reforma de la justicia? Para nada. Los grandes problemas de la impunidad no son atacados: la politización de las cortes queda intacta y la gran falencia del sistema en el campo penal -la falta de investigación judicial que obliga a fiscales y a jueces a depender exclusivamente de confesiones y delaciones, de lo que digan los malos- no se corrige.
¡Ah!, se me olvidaba: en la negociación, los magistrados consiguieron más plata del presupuesto para el poder judicial. De nada servirá, pues, si el sistema está enfermo, politizado, burocratizado: los nuevos recursos irán a un barril sin fondo. Ante la avalancha de críticas, el presidente Santos salió el viernes a defender la reforma. Dijo que su mayor fortaleza es ser fruto del consenso. Se equivoca. Es su mayor debilidad. Todos los involucrados quedaron contentos porque la reforma deja casi todo como estaba.
El Tiempo, 9 de octubre 2011
