Desde estas páginas hemos advertido a los colombianos sobre la guerra jurídica que azota al país, esta hace parte de todas las formas de lucha que emplea la subversión y la izquierda –creadora de las FARC-, guerra que se ha venido perdiendo de manera paulatina.
Se creía que el presidente Uribe entendía perfectamente esta amenaza, y lo vimos enfrentando decididamente casi todas sus manifestaciones, sin embargo parece que no lo ha entendido claramente, pues los últimos acontecimientos así lo demuestran.
Tal parece que la guerra jurídica lo ha confundido, afectando su percepción y su buen juicio, y haciendo eco de las condenas anticipadas de la prensa y las ONGs, se precipitó en la destitución de 27 militares, sin antes darles el sagrado derecho a la defensa. Las consecuencias: un enorme retroceso en este campo.
Algo viene sucediendo en este país, y muchos de los últimos acontecimientos en la nación, nos demuestran que la presunción de inocencia es cosa del pasado y que el derecho al debido proceso no existe para los militares. Abolida, en la práctica, la justicia penal militar, sin ningún tipo de garantías, les espera a los militares condenas seguras, pues siempre han sido condenados previamente por la prensa, el presidente y el fiscal, como sucedió en el caso de Potrerito.
Tal como se presentó la situación, todos quedaron como asesinos desalmados. Después se dijo que habían descubierto fallas de mando y control, es decir, unos si pudieron cometer el delito que se les imputa, pero es claro que otros pudieron ni enterarse. Esto es lo que deberá determinar la justicia a partir de una investigación a fondo, y sin embargo, todos fueron condenados equiparando responsabilidades administrativas con las penales.
Con esta decisión, el presidente ha demostrado, como muchas veces, que de los impulsos no queda nada bueno. Su actuar impulsivo e irreflexivo le ha granjeado la enemistad de muchos de aquellos que anteriormente fueron sus aliados, y en particular en este caso, ha despertado un sentimiento de traición por parte de aquellos que han puesto su sangre para defendernos y lograr los éxitos de la política de seguridad democrática.
Pero como si esto fuera poco, aunque aparentemente muchos aplauden tan extrema decisión, lo que harán sus enemigos es capitalizar lo sucedido y con ello argumentar que, esta es la clara demostración del fracaso de la seguridad democrática y lo que es peor, todas las falsas denuncias sobre desapariciones forzadas, son presentadas ahora por los medios como hechos ciertos y reales, y presentados ante el mundo como crímenes de estado y se especula hoy sobre miles de civiles muertos a manos de las fuerzas militares, para ser presentados como “falsos positivos”.
Prueba de lo anterior, es que, sicarios morales como la señora María Jimena Duzán, comparan hoy en la revista Semana al General Paulino Coronado con sanguinarios criminales de guerra de la Alemania Nazi, como lo fue Adolf Eichmann, o da por sentado que el General Montoya es promotor de miles de asesinatos pues para ella es prueba suficiente un “demoledor artículo en el Washington Post”, artículos que siempre son alimentados por mamertos como ella, quienes llenan de mentiras y acusaciones falsas la prensa internacional.
Esto es lo que se ha conseguido, Señor Presidente, con sus impulsivas e injustas declaraciones, abrogándose funciones de juez, que debió dejar a otros y atropellando el buen nombre de personas que no hicieron sino servirle.
Aclaramos que, queremos que quienes sean culpables esperamos sean condenados, y ojalá a las mayores penas, pero mientras tanto, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, son dos de derechos que tiene todo colombiano.
Que decepción Señor Presidente!!!
Jaime Eduardo Botero Gomez (jebotero@gmail.com)
Se creía que el presidente Uribe entendía perfectamente esta amenaza, y lo vimos enfrentando decididamente casi todas sus manifestaciones, sin embargo parece que no lo ha entendido claramente, pues los últimos acontecimientos así lo demuestran.
Tal parece que la guerra jurídica lo ha confundido, afectando su percepción y su buen juicio, y haciendo eco de las condenas anticipadas de la prensa y las ONGs, se precipitó en la destitución de 27 militares, sin antes darles el sagrado derecho a la defensa. Las consecuencias: un enorme retroceso en este campo.
Algo viene sucediendo en este país, y muchos de los últimos acontecimientos en la nación, nos demuestran que la presunción de inocencia es cosa del pasado y que el derecho al debido proceso no existe para los militares. Abolida, en la práctica, la justicia penal militar, sin ningún tipo de garantías, les espera a los militares condenas seguras, pues siempre han sido condenados previamente por la prensa, el presidente y el fiscal, como sucedió en el caso de Potrerito.
Tal como se presentó la situación, todos quedaron como asesinos desalmados. Después se dijo que habían descubierto fallas de mando y control, es decir, unos si pudieron cometer el delito que se les imputa, pero es claro que otros pudieron ni enterarse. Esto es lo que deberá determinar la justicia a partir de una investigación a fondo, y sin embargo, todos fueron condenados equiparando responsabilidades administrativas con las penales.
Con esta decisión, el presidente ha demostrado, como muchas veces, que de los impulsos no queda nada bueno. Su actuar impulsivo e irreflexivo le ha granjeado la enemistad de muchos de aquellos que anteriormente fueron sus aliados, y en particular en este caso, ha despertado un sentimiento de traición por parte de aquellos que han puesto su sangre para defendernos y lograr los éxitos de la política de seguridad democrática.
Pero como si esto fuera poco, aunque aparentemente muchos aplauden tan extrema decisión, lo que harán sus enemigos es capitalizar lo sucedido y con ello argumentar que, esta es la clara demostración del fracaso de la seguridad democrática y lo que es peor, todas las falsas denuncias sobre desapariciones forzadas, son presentadas ahora por los medios como hechos ciertos y reales, y presentados ante el mundo como crímenes de estado y se especula hoy sobre miles de civiles muertos a manos de las fuerzas militares, para ser presentados como “falsos positivos”.
Prueba de lo anterior, es que, sicarios morales como la señora María Jimena Duzán, comparan hoy en la revista Semana al General Paulino Coronado con sanguinarios criminales de guerra de la Alemania Nazi, como lo fue Adolf Eichmann, o da por sentado que el General Montoya es promotor de miles de asesinatos pues para ella es prueba suficiente un “demoledor artículo en el Washington Post”, artículos que siempre son alimentados por mamertos como ella, quienes llenan de mentiras y acusaciones falsas la prensa internacional.
Esto es lo que se ha conseguido, Señor Presidente, con sus impulsivas e injustas declaraciones, abrogándose funciones de juez, que debió dejar a otros y atropellando el buen nombre de personas que no hicieron sino servirle.
Aclaramos que, queremos que quienes sean culpables esperamos sean condenados, y ojalá a las mayores penas, pero mientras tanto, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, son dos de derechos que tiene todo colombiano.
Que decepción Señor Presidente!!!
Jaime Eduardo Botero Gomez (jebotero@gmail.com)
Es verdad que hay que castigar a los culpables de los asesinatos, pero segùn la lògica formulada ùltimamente, en Colombia no existen guerrilleros porque todos los que han dado de baja son inocentes.
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