Los periodistas María Isabel Rueda y Mauricio Vargas Linares, editorialistas del diario El Tiempo (Bogotá) acaban de protestar contra lo que consideran "un abuso y un atropello" contra la libertad de prensa cometido por cuatro altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de
Colombia.
Su protesta se produjo tras una reunión el 25 de octubre de 2009 en la sede de El Tiempo en la que Augusto Ibáñez, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, pidió a la dirección de ese periódico poner fin a la colaboración de los citados periodistas. Augusto Ibáñez, y tres otros magistrados de la CSJ, pidieron, además, el mismo castigo para los editorialistas José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial, y Fernando Londoño Hoyos, ex Ministro del Interior y Justicia.
En resumen, los magistrados reiteraron la necesidad de cerrar las páginas de El Tiempo a los escritos de José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño Hoyos, María Isabel Rueda y Mauricio Vargas. Todos ellos son conocidos columnistas muy apreciados por su independencia y su valor personal.
Durante su incursión en El Tiempo, Augusto Ibáñez estuvo acompañado por los magistrados Jaime Arrubla, Vice Presidente de la CSJ, Francisco Ricaurte y Julio Enrique Socha Salamanca.
Esta no es la primera vez que magistrados colombianos atacan a periodistas colombianos. El agosto 23 de 2009, envié una carta a Reporteros Sin Fronteras para decirle que una serie de abusos se estaban cometiendo en Colombia contra la libertad de prensa. Expliqué que, paradójicamente, no es el gobierno quien persigue a los periodistas sino que esa sucia actividad proviene de círculos enemigos del gobierno y halla respaldo en importantes miembros del poder judicial, conocidos por su oposición al gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Por ejemplo, en agosto de 2009, un grupo de periodistas fue enjuiciado penalmente por José Alfredo Escobar Araujo, miembro del Consejo Superior de la Magistratura. Empero, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó los cargos y los periodistas escaparon a fuertes sanciones. Escobar Araujo, sostuvo que los periodistas le habían "violado sus derechos" por haber escrito en varios artículos de 2008 que él era un "magistrado indigno”. Escobar había recibido un regalo de Giorgio Sale, un individuo detenido en Italia en noviembre de 2006 por tráfico de drogas. Giorgio Sale estaba relacionado con Salvatore Mancuso, un ex líder paramilitar encarcelado y extraditado a los Estados Unidos con otros 14 ex jefes 'paras'.
Mauricio Vargas había denunciado los vínculos de varios jueces con oscuros personajes relacionados con Mancuso. También criticó la guerra de guerrillas que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno de Uribe. Mauricio Vargas, y otros columnistas que criticaron la actitud inescrupulosa de Escobar Araújo, fueron absueltos por el TSB. Sin embargo, esa organización exigió que fuera corregida una frase de los artículos en que se decía que Escobar Araújo influyó en el nombramiento de otros jueces y magistrados. Los periodistas tuvieron que hacerlo.
Rodrigo Pardo García-Peña, otro periodista, editor de la revista Cambio, quien también criticó al magistrado Escobar por el mismo asunto, fue condenado por una juez de Bogotá a pasar unos días en la cárcel y pagar una cuantiosa multa. Ella dijo que Pardo había "ignorado" la orden de un juez en el caso del magistrado Escobar.
Ante esa orden de detención, varias asociaciones de periodistas protestaron. "Privar de libertad a un periodista por algo tan insignificante es inadmisible y crea un precedente peligroso en contra de la actividad periodística", dijeron Andiarios, Asomedios y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Pero algo más grave estalló el 30 de junio de 2009 cuando la juez Sandra Castro, de la Fiscalía General, anunció que entablaría una demanda penal contra el editorialista Fernando Londoño Hoyos. Considerando que los escritos de Fernando Londoño Hoyos, director del programa La Hora de la Verdad, de Radio Súper de Bogotá, constituyen a sus ojos una "asociación para delinquir agravada", la magistrada amenaza con entablar una demanda penal contra Fernando Londoño y contra William Calderón, otro periodista de ese programa.
Fernando Londoño ha presentado pruebas de los abusos cometidos por algunos jueces contra militares que han sido injustamente encarcelados tras la presentación de "pruebas" y "testimonios" cuya credibilidad es nula. La Hora de la Verdad se pregunta también sobre el fenómeno opuesto, es decir acerca de la negativa a considerar las pruebas presentadas por algunos demandados y la parsimonia de ciertos jueces al momento de abrir casos en los que hay gente acusada de estar vinculada al aparato político-militar de las FARC. Fernando Londoño también reveló, en junio de 2009, que las numerosas visitas a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia por de Giorgio Sale habían sido borradas de los registros electrónicos "en el puro estilo de la mafia con destrucción de pruebas".
Días más tarde, los ataques contra Fernando Londoño se intensificaron. En una entrevista con una televisión colombiana, el presidente Hugo Chávez acusó a Fernando Londoño de haber organizado en 2004 el envío a Venezuela de "200 paramilitares colombianos" para asesinar al jefe de Estado venezolano. Londoño niega en bloque esas acusaciones y dice que los media venezolanos ya investigaron y refutaron la versión de Chávez. Londoño dijo que presentaría una denuncia por difamación contra el presidente de Venezuela.
En Colombia, la ofensiva contra los periodistas ocurre en el marco de una fuerte ola de politización del poder judicial que pretende doblegar al poder ejecutivo, creando situaciones inextricables. Ese desafío al Estado de derecho ya ha suscitado violentos enfrentamientos entre los poderes. La Corte Suprema de Justicia se ha peleado con la Corte Constitucional y con la Procuraduría General de la Nación. Las tensiones son alarmantes entre el poder judicial y el poder legislativo, y entre el poder judicial y el poder ejecutivo.
Las intrigas del magistrado Augusto Ibáñez y los tres otros magistrados contra los periodistas María Isabel Rueda, Mauricio Vargas, José Obdulio Gaviria y Fernando Londoño Hoyos, y las amenazas contra de Fernando Londoño y Rodrigo Pardo, revelan la horrible máscara de un polo autoritario en la justicia colombiana que está actuando contra la libertad de prensa.
Es evidente que estamos ante un fenómeno muy extraño en el que hay, de hecho, como una infiltración insidiosa de una influencia extranjera en un sector del aparato de Estado colombiano. ¿Existe una estrategia de conquista, pérfida y discreta, del Estado y de la sociedad colombiana, la cual avanza paso a paso, parcela por parcela, sin hacer ruido?
Ha llegado el momento de que Reporteros sin Fronteras denuncie estos hechos y pida, en particular, al magistrado Augusto Ibáñez poner fin a sus maniobras contra los periodistas que se atreven a investigar y a criticar las graves deficiencias del sistema judicial colombiano.
