EL REFERENDO DE MONCAYO, EL CAMINANTE POR LAS FARC

Los colombianos somos dados a conmovernos: asesinaron a once diputados y a los pocos días, miles estábamos en las calles pidiendo la libertad de los secuestrados y la mayoría la exigía al costo que fuera.

Algo parecido ocurre con el profesor Gustavo Moncayo: conmueven tanto su rostro y su persistencia en caminar –y ahora navegar- por la liberación de su hijo, que la gente sale conmovida a las carreteras a saludarlo con una bandera en la mano y a darle voces de aliento. Y cuando llega a las ciudades y pueblos, el campamento de Moncayo se convierte en un santuario de peregrinación de los conmovidos ciudadanos que quieren ver al profesor, así sea de lejos.

Él sabe que conmueve. También lo saben los Colombianos por la paz y desde luego las Farc. Por eso, el antiguo caminante y ahora navegante por la “paz” decidió recolectar firmas para convocar un referendo que le exija al gobierno hacer el intercambio “humanitario”.

Después de su participación en el circo de la liberación de Alan Jara, Sigifredo López y de los uniformados que llevaban varios años secuestrados por las Farc, Moncayo aprovechó la cobertura mediática para anunciar que emprendería un recorrido por el río Magdalena.

Sería una más de las travesías del distinguido miembro de Fecode si no fuera por el propósito que persigue: convocar un referendo para que el pueblo le ordene al gobierno que “autorice” el canje de secuestrados por guerrilleros presos y condenados.

La palabra autorizar es tan genérica que incluso aparenta un buen propósito. Sin embargo, son los recovecos de la autorización del canje los que deben preocupar a los colombianos.

¿Qué es lo que la gente está firmando? Ni más ni menos que el golpe de gracia contra la política de Seguridad Democrática y la apertura de una peligrosa puerta para que las Farc sean premiadas por sus crímenes “altruistas”.

Para que se realice el intercambio se requiere de la negociación y esto solo ocurrirá, según las Farc, en una zona segura. Posteriormente las dos partes deben llegar a un acuerdo para ponerle fin al secuestro de más de 20 colombianos. Y ahí está una de las trampas: si se le ordena al gobierno autorizar el intercambio, no tendrá otra opción que ceder a cualquier tipo de exigencia que plantee el grupo terrorista en las obligadas negociaciones.

En el hipotético caso en que el fecodista Moncayo recaudara las firmas necesarias, que finalmente el Congreso aprobara la convocatoria a ese referendo, y que obtuviera un contundente respaldo popular, la orden al gobierno sería simplemente claudicar ante las exigencias de las Farc y de sus patronos.

Básicamente, por orden del constituyente primario, el gobierno tendría que despejar el territorio que las Farc decidan (no solo Pradera y Florida como hasta ahora), sino los departamentos que el grupo terrorista considere necesarios para su “seguridad”.

De igual forma, el gobierno deberá renunciar a la exigencia de que los guerrilleros canjeados dejen de delinquir, pues las Farc consideran ese como uno de los puntos inamovibles y el propio Gustavo Moncayo expresó su desacuerdo con esa exigencia gubernamental.

Así mismo, las Farc podrían dilatar las conversaciones al mejor estilo de San Vicente del Caguán, pues la orden del aprobado referendo sería que el gobierno haga todas las concesiones necesarias en aras de que supuestamente liberen a un puñado de secuestrados.

Otro aspecto que sería aprobado en ese referendo es que las Farc pueden cometer cualquier tipo de acciones terroristas, crímenes de lesa humanidad, desplazamientos, masacres y ataques contra la infraestructura nacional, pues si el gobierno tiene que cumplir la orden de autorizar el canje, tendría que hacerlo en cualquier escenario y con las condiciones que las Farc determinen.

En ningún caso los representantes del Estado podrían pararse de la mesa, así las Farc cumplan con el sueño de muchos años de destruir la ciudad de Villavicencio. Sencillamente los negociadores gubernamentales tendrían que permanecer frente a los terroristas, saciando las ambiciones de las Farc y de sus mandos en un sainete que muchos elogiarán como la solución política y negociada al conflicto.

Esto significa que las Farc podrían recrudecer su accionar terrorista al máximo y eso no podría ser considerado como obstáculo por el gobierno. En otras palabras: volveríamos a una supuesta negociación en medio de la confrontación militar, al mejor estilo del Caguán pastranista.

¿Y si las Farc exigen que se convoquen asambleas constituyentes departamentales, como lo expuso Petro hace un par de años, para estructurar una nueva Constitución? El gobierno no tendría otro camino que hacerlo.

¿Y si las Farc deciden que se instale un gobierno de transición, como lo propuso Piedad Córdoba, en el que ellos tengan la mayoría? No habrá otra salida: quien esté en el gobierno tendrá que hacer un empalme con las Farc y el chavismo, no por la vía democrática, sino por la imposición de una ciudadanía enceguecida que se conmovió tanto con Moncayo y con los secuestrados, que decidieron firmar y votar la entrega del país y de sus vidas a las Farc.

Por lo pronto, esta es solo la descripción del peor escenario que podría presentarse en Colombia por cuenta de los servidores, caminantes y navegantes por las Farc. Lo que no puede ocurrir es que, por descuido, se salgan con la suya y de golpe nos encontremos sometidos a los caguaneros y a las Farc. Basta con mirar al vecino petrolero para darse cuenta de lo grave que sería subestimar a los “promotores de la paz".