RODEADOS DE BANDIDOS

Mil cuatrocientos millones de pesos: Esa es la cifra aproximada que perdió Ramiro Bejarano, actual apoderado del magistrado César Julio Valencia Copete, por una demanda que había instaurado a nombre de Daniel Coronell y que pretendía que el Estado le pagara al director de Noticias Uno una suma cercana a los 12 mil millones de pesos.

La demanda instaurada por Bejarano pretendía que a Coronell se le reconociera semejante indemnización por fallas en la red de transmisión de la antigua Inravisión, pues decía el demandante, eso perjudicó a su empresa. Sin embargo, la decisión final le concedió a Coronell la suma de 3.500 millones de pesos, es decir, aproximadamente 700 millones para su apoderado. Lo particular del asunto es que fue el gobierno Uribe el que se puso las pilas con el tema y obstaculizó una serie de anomalías que se habían cometido en el caso.

Ahora el perdedor, el abogado Ramiro Bejarano, es la patética muestra de resentimiento expresado con toda la inquina posible, contra el que no le permitió aumentar su capital personal con dineros públicos. El mismo que encabezaba, a nombre de su cliente, un saqueo contra el erario público es el flamante defensor del magistrado César Julio Valencia Copete.

Como siempre, Bejarano se despacha a favor de sus apoderados –algo hasta ético en un abogado- sin consideraciones frente a los desafueros de sus protegidos. En una columna publicada en la revista Cambio, Bejarano ataca al Presidente –eso, más que habitual es un monólogo de seis años- y asegura que en la Casa de Nariño sienten un odio visceral por los jueces.

¿Cómo hablar de odio visceral contra los jueces, cuando los magistrados incluso tienen la posibilidad de pedirle favores personales al Presidente? Bejarano pasa por alto que así ocurrió con el magistrado Sigifredo Espinosa, en una actitud delictiva si se tiene en cuenta que el “honorable” magistrado incurrió en tráfico de influencias para favorecer a un miembro de su familia: ¿Alguien puede pensar que se le pide un favor a un malqueriente? Ridículo.

Lo que le gustaría a Bejarano (aunque sabemos que del actual Gobierno no le gusta nada por su odio visceral contra Uribe) es que el Presidente no deliberara, que guardara silencio frente a los atropellos de la oposición, de algunos columnistas de la prensa, de unos cuantos defensores de derechos humanos y por supuesto, de la Corte Suprema de Intocables.

Al ex director del DAS en la época de Samper no le gusta que a las máximas instancias judiciales se les pidan cuentas y se revelen las acciones dudosas de la mayoría de magistrados de las cortes, como sus relaciones con Giorgio Sale y Asensio Reyes, de quienes recibieron dádivas y viajes familiares con el argumento de que ellos no sabían de dónde salían los recursos: es que para Bejarano sus ídolos son intocables y resulta un exabrupto que los llamen al orden y que debatan con ellos, de igual a igual, las decisiones y pronunciamientos que hacen no solo en las sentencias, sino en entrevistas y declaraciones públicas.

Al “gran” ex director del DAS le resulta molesto que sus defendidos sean desmentidos cuando tienen el cinismo de afirmar que ellos solo se pronuncian a través de sentencias: Valencia Copete no está incurso en un proceso judicial por un fallo jurídico sino por unas declaraciones a la prensa, por lo que los “intocables” quedan como simples mentirosos.

Esas minucias, o “indelicadezas menores” como las llamaría el fallecido presidente Alfonso López, deben pasarse por alto y en lo posible ser escondidas detrás de la majestad y de la solidaridad de cuerpo de los magistrados.

Es más: según Bejarano, esas indelicadezas menores no importan y por el contrario hay que fortalecer y respaldar a los jueces, no importa que tengan relaciones mafiosas, que pidan favores aprovechando su investidura, que sus ahijados estén cuestionados por emborracharse con presuntos testigos como ocurre con Iván Velásquez, magistrado auxiliar apadrinado por Sigifredo Espinosa (el mismo del favorcito personal) y que se rasguen las vestiduras cada que alguien tiene la osadía de cuestionarlos y pedirles explicaciones.

Si algo se ha logrado en Colombia durante los últimos seis años es erosionar a los intocables: A finales de los 90 era impensable hablar de las Farc (de inmediato el que cometiera tal osadía era declarado objetivo militar), ni de sus apoyos políticos (se corría la misma suerte), ni de los paramilitares (lápida al cuello) ni de sus respaldos (tumba acuática para las partes desmembradas), ni de los columnistas (¡Oh dioses generosos que tenían la misericordia de orientar a los palurdos ciudadanos!), ni de los jueces, ni del Presidente, ni de nadie… el silencio era la alternativa de sobrevivencia.

Pero eso cambio, muy a pesar de Bejarano y su combo, y ahora se habla, se grita y se manifiesta la inconformidad con más seguridad y con más libertad. Todavía falta mucho camino por recorrer en este sentido, pero se ha avanzado y la prueba está en que algunos lanzarán rayos y centellas por las afirmaciones anteriores.

Ese silencio cómplice frente a aquellos que tienen estrechos vínculos con sectores deplorables de la sociedad es el que buscan recuperar los retardatarios y profesionales del odio. No es coincidencia que Bejarano y Carlos Gaviria salgan a pedir que se rodee a la Corte, cuando están sobre la mesa serios cuestionamientos que los “intocables magistrados” han decidido ignorar, como si la ciudadanía a la que le DEBEN responder no tuviera derecho a exigir respuestas y a dudar de sus actuaciones por la falta de transparencia.

Bejarano y sus compinches quieren un país silencioso y complaciente con los poderes sesgados, pues es la única posibilidad que tienen para recuperar el poder que durante tantos años ostentaron en contra de Colombia.