LAS PATRAÑAS DESESPERADAS DE COLOMBIANOS POR LA PAZ

El escenario que están planteando las FARC, para unas hipotéticas negociaciones, es un cúmulo de extorsiones, acciones terroristas y amenazas de toda índole que lejos de conseguir cualquier acercamiento, solo generan el rechazo de los ciudadanos frente a tal eventualidad.
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Las FARC, y sus esbirros, creen que el sainete de nombrar un equipo negociador y presionar para que la contraparte –el gobierno- haga lo propio; es suficiente para que se arriesguen los logros de la Seguridad Democrática. En su mayoría, los colombianos no queremos volver a padecer el infierno de unas FARC fuertes y envalentonadas, no solo dispuestas sino con capacidad de ocasionar el mayor daño posible a la sociedad colombiana.
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Sin embargo, las FARC siguen fieles a la combinación de todas las formas de lucha y mientras los suyos aúpan para que el gobierno les ponga a alguien al frente, los del monte emprenden su tradicional y particular campaña preelectoral: además de impedir la realización de elecciones, buscan amedrentar a los políticos para que se sometan a los designios de las FARC, pues de lo contrario morirán por la terca rebeldía.
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Por lo pronto es evidente que la capacidad de intimidación de las FARC está mermada, pues hasta hace pocos años, concejales y alcaldes de 300 municipios del país tenían que despachar desde instalaciones policiales o militares ubicadas en las capitales de varios departamentos. Las cifras eran alarmantes: durante los primeros meses de 2003, fueron asesinados once concejales y 1.800 fueron desplazados por las amenazas de las FARC. Ni Hablar de hace una década, cuando la guerrilla realizaba secuestros masivos de concejales, como ocurrió en el departamento de Bolívar. Ahora los concejales piden mayor protección ante las amenazas del grupo terrorista, aunque existe una gran distancia entre clamar por el incremento de la seguridad y huir por el accionar criminal de los terroristas.
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No obstante estas amenazas son incoherentes con la supuesta intención de diálogo de las FARC, el que según sus alineados ideológicos, es el inicio de la “solución política y negociada al conflicto”. No se entiende que mientras un brazo de las FARC busca la negociación política, los frentes de palurdos fustiguen a los políticos que trabajan en las zonas de influencia del grupo terrorista.
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Colombianos por la paz no se preocupa siquiera por aparentar distancia con sus pupilos del monte. Por el contrario: siguen inmersos en la complacencia con los terroristas a los que siempre tratan bien, para que sigan aferrados a los lineamientos que les permitan acercarse a la conquista del poder. Una negociación política, deberían decir los Colombianos por la paz, solo es posible si las FARC no ejercen la presión de las armas en contra de los políticos que no coinciden abiertamente con sus propósitos criminales.
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Por ejemplo, un concejal de San Vicente del Caguán, en Caquetá, no podrá entender jamás que hay una supuesta negociación política y sin embargo, él tiene que salir a la calle con escoltas y su familia ha tenido que desplazarse a Florencia o a Neiva. Pensará ese concejal que no hay tal negociación sino un mecanismo de eliminación de oponentes –por temor o por acción física directa- en la que no tienen espacio los que piensan, opinan y actúan distinto al brazo político de las FARC… debería llamarse claudicación política y negociada al conflicto, pues en últimas lo que buscan las FARC es no solo conquistar el poder sino perpetuarse mediante un sistema totalitario en el que solo tendrán espacio sus áulicos y los bulliciosos miembros del brazo político de la organización terrorista.
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Sin embargo, el trato respetuoso del brazo político a los palurdos es una mezcla de cinismo y complicidad. Uno de los máximos representantes de la “civilidad” de las FARC, Carlos Lozano, reconoció que no les habían hecho reclamos fuertes a los terroristas. Es más: aseguró que ahora hay ”un acento más exigente porque el conflicto está completamente degradado”
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¿Ahora el conflicto está más degradado? Querrá decir que las FARC y los suyos van perdiendo, que sus capacidades están reducidas y que muchos de los palurdos solo esperan el triste final de morir bombardeados. Además, resulta mentirosa la afirmación a la vista de cualquier ciudadano desprevenido: ¿Si el conflicto está más degradado, por qué hay menos secuestros, menos homicidios, menos tomas de poblaciones, menos atentados contra la infraestructura, más desmovilizaciones y muchas más capturas?
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Puede suponerse entonces que, para Lozano, la degradación es sinónimo de desespero ante una posible derrota militar y política. Lo que no podemos admitir es que ahora nos vengan con el cuento de la máxima degradación del conflicto como justificación para el sainete de los diálogos de “paz”. Es innegable que se han presentado crímenes atroces como los desaparecidos de Soacha, pero siendo tan ciudadanos como los asesinados en Bojayá, o los del club El Nogal, la comparación debe darse desde el número de crímenes que en todo caso es, por lo pronto, mucho menor y eso significa que hay un retroceso en la barbarie.
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Muchos dirán que es el criminal el que cuenta, y que los desaparecidos de Soacha son importantes no tanto por el número, que es impresentable, sino por el autor que se supone fueron agentes del Estado. Esa mirada sesgada podría ser el único avance real de la degradación del conflicto, pues la violencia debe ser evaluada, judicializada y castigada sin fijarse en la filiación del criminal. Mientras en Colombia se siga buscando el eslabón perdido del terrorismo de Estado y se justifique a las FARC como criminales altruistas, el conflicto se degradará mucho más en el terreno político, que es en últimas el que más les interesa a los terroristas y a sus esbirros.
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Sin embargo, al leer en detalle el supuesto endurecimiento de Carlos Lozano, se encuentran asuntos mentirosos de amplia conveniencia para los propósitos de Colombianos por la paz.
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Lozano calificó como "estupidez y despropósito" el plan de atentar contra el director de la SIP, Enrique Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Se sabe que las FARC querían atentar contra el ministro de Defensa en su casa de descanso en Anapoima, pero ¿sabían los terroristas que allí estaría también el escudero del totalitarismo Enrique Santos? Es obvio que Juan Manuel iría en algún momento a su propiedad, pero lo que no podían predecir los terroristas es que viajaría acompañado de su hermano. Esto significa que lo de Enrique pudo ser un daño colateral para las FARC y no obedecía al propósito concreto de atentar contra su vida.
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En otro aparte de la entrevista Lozano afirma que “la guerrilla tiene que entender que hay que bajarle la intensidad al conflicto, en temas que afectan a la población civil como el secuestro y las minas.
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¡Qué exigencia tan dura! Señores: bajémosle al terrorismo porque los colombianos, sobre todo los que votan, no están dispuestos a hacernos concesiones si seguimos en las mismas… ¡No vayan a parar los atentados, ni los asesinatos, ni el plan pistola! Solo hagámoslo de manera más discreta y en menor número, de tal forma que no llegue a la prensa y se perjudique la lucha de Colombianos por la paz.
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Más adelante Lozano dice que se requiere arrancar un proceso de paz sobre compromisos como no a la desaparición forzada, no al secuestro, no a los falsos positivos, no a las minas… ¡Durísimo Lozano! ¿Y los demás crímenes de las FARC? ¿Acaso, frente al secuestro, la primera exigencia no debería ser que reconocieran el alto número de ciudadanos que tienen en su poder o que asesinaron en cautiverio? Es que el más atroz falso positivo de la historia del país está en la última carta de las FARC en la que aseguran que solo tienen a nueve secuestrados por razones económicas, número detrás del cual pretenden ocultar un genocidio.
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Pero la “dureza” de Lozano no da para pedirles a sus palurdos un cese unilateral de hostilidades: el quiere que sea de ambas partes, pues esa es la razón primordial de la lucha de Colombianos por la paz: que se reduzca la presión militar sobre sus combatientes, para que se oxigenen e incluso para que puedan tratarse las múltiples enfermedades que están padeciendo en la selva. Sin embargo, hay otro objetivo angustiante para los aliados de las FARC: el vencimiento de la salvaguarda de la Corte Penal Internacional en noviembre próximo.