TALIBANISMO EN LA SALA PENAL

La sed inmoderada de poder puede llevar a feos descalabros. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia parece haber entrado en ese callejón sin salida. Alguien les dijo que podrían tomarse el poder de manera indirecta. Y lo están haciendo contra todo y contra todos. Parece que la consigna es no entender razones y avanzar en una sola dirección, sin calcular las consecuencias. Y tratar de doblegar a quien sea, al precio que sea. Pues el fin, según ellos, justifica los medios.

Contra el presidente Álvaro Uribe lo ha intentado todo. No lo han derrocado pues la intriga "Tasmania" abortó muy pronto. Ahora tratan de demostrar que la función presidencial puede ser vulnerada. El derecho del Presidente a proponer una terna para la designación de Fiscal General pretende ser por ellos abolida. Catorce de los 23 magistrados se niegan a escoger el Fiscal. Humillan y vetan a los tres candidatos y quieren elegir a uno distinto, designado por ellos y de su mismo corrillo. Para eso tendrán que cargarse la Constitución. Es lo que están haciendo. Ya han sido acusados de prevaricato. Pero siguen. Ya veremos cuál será el fin de esa aventura. En todo caso, la pieza de teatro a la que asistimos es shakesperiana, es decir ruidosa y sangrienta.

Contra el Congreso esa sala se desbocó hace mucho. Ningún país del mundo había visto lo que ellos pretenden hacer: evaporar el poder legislativo con el pretexto de que algunos elegidos tuvieron nexos reales o presuntos con paramilitares y están siendo sancionados. Aquellos que tuvieron y tienen nexos con las Farc son, por el contrario, loados y protegidos. Ahora quieren embastillar a los miembros del Congreso que quedan por haber votado el referendo. Esa deriva alucinante es posible pues creen que la coja Constitución de 1991 no prevé salida clara a ciertos abusos. No hay una autoridad que pueda sancionar esos excesos. O mejor, esa autoridad existe, pero es inoperante, pues es el pleno de la Cámara de Representantes y éste ha sido puesto en entredicho.

Como el Procurador General es católico y defiende una visión clásica del Derecho, se lo quieren cargar a él también. Nadie debe oponerse a ellos, dicen entre líneas. Alejandro Ordóñez explicó que el magistrado auxiliar Iván Velásquez (el mismo que estuvo comprometido en el caso "Tasmania") no debe viajar a Washington solo, es decir sin un representante del ministerio público, para entrevistarse con los jefes paramilitares encarcelados allá. Ordóñez tiene toda la razón. ¿Por qué Velásquez quiere verse a solas con jefes criminales? ¿Para armar con ellos un segundo caso Tasmania? Todo es posible en este bello mundo. Piedad Córdoba lo hizo un día y vino amenazando a todo el mundo. ¿La sala penal quiere que ese sainete se repita? Ordóñez promete abrirle una investigación disciplinaria a Velásquez si viaja solo. Ahora la sala penal de la CSJ quieren derribar a Ordóñez por eso.

¿Cómo derribar a Ordóñez? Muy fácil. Mediante otra impostura. Germán Navas Talero, un congresista del minoritario Polo Democrático, tristemente célebre por haber entablado la demanda contra los congresistas que votaron el referéndum, ha sido sacado del cubilete por los artistas de la Corte. El acaba de entablar demanda contra el Procurador General por un asunto imaginario que en otro país no sería siquiera examinado. Como Ordoñez no tomó la decisión que el Polo quería respecto del asunto de la “Yidispolítica” lo acusa de haber “desestimado pruebas” que habrían existido en ese tema. Pero esas “pruebas” eran otra cosa. Según el Procurador General, eran “pruebas mal allegadas y mal recaudadas que mal podrían valorarse” como tales. Como en la Colombia de estos días más vale una falsa verdad que un hecho, el Procurador tendrá que ir a perder tiempo para convencer a la CSJ.

Otra que ataca a Ordóñez es Claudia López, una senadora que predica que los males de Colombia comenzaron con los paramilitares y que la criminalidad armada narco-comunista, las Farc y sus émulos, quienes forzaron el nacimiento de los paras, no son sino angelitos que luchan por la justicia social. Contra Alejandro Ordóñez ella está diciendo que busca “obstruir las funciones de la Corte” al exigir al magistrado Velázquez abstenerse de ver a los paras en Estados Unidos sin presencia de un delegado suyo. Ella alega que ese requisito “no existe para los demás procesos penales”. Eso es cierto. Lo que ella calla es que contactar discretamente criminales detenidos, ofrecerles dinero y beneficios judiciales y hasta viajes al extranjero, con familia y todo, a cambio de declaraciones falsas contra ciertos inculpados, tampoco existía en el derecho procesal penal colombiano. Y aún así varios magistrados se embarcaron en esa aventura ilegal. Por eso el principio de precaución que aplica, en buena hora, el Procurador es bienvenido.

Si quiere entrevistar a los ex jefes paras extraditados, la CSJ debería enviar a un magistrado titular, pues quien actúa en esa diligencia es la sala de casación penal. ¿Por qué escogió precisamente al sulfuroso magistrado auxiliar Velásquez?

El Procurador contesta también la nueva jurisprudencia de la CSJ sobre las renuncias de congresistas al fuero. Pidió que el caso del ex senador Álvaro García Romero se quede en manos de un juez especializado y explicó que el cambio en las reglas de juego decidido por los magistrados "constituye una violación a las garantías al debido proceso”. La Procuraduría pidió, ademas, que el coronel Plazas Vega sea absuelto pues las pruebas que fueron recabadas contra él se derrumbaron. Por todo eso, la minoría que pretende utilizar al poder judicial como arma contra la mayoría y contra el gobierno quiere sacarlo del ring. En estos días, todo el mundo tiembla en Bogotá, y con razón, ante al paso de los modernos Atilas.