¿ASOMA UNA CONSTITUYENTE?

Hace meses, cuando el Gobierno buscaba un consenso con y entre las altas cortes para sacar adelante la reforma de la Justicia, me atreví a poner en duda que lo lograra. En medio de las venias que el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas, les hacían a las cortes para mejorar el clima heredado del gobierno de Álvaro Uribe, planteé que, aun así, ese consenso iba a ser imposible: para poner un solo ejemplo, lo que le gusta a la Corte Constitucional -la tutela, incluso contra sentencias judiciales- les desagrada a la Corte Suprema y al Consejo de Estado.

La búsqueda de acuerdos continuó durante meses, sin un solo avance. El Gobierno propuso varios cambios, pero, según la queja del Ejecutivo, los altos tribunales no hicieron lo propio. La Corte Constitucional expuso un argumento para mantenerse al margen: como le corresponderá revisar la exequibilidad del proceso, sus magistrados no podían tomar partido previo. En cuanto a la Suprema y al Consejo de Estado, dice el Gobierno, no hubo una sola propuesta concreta.

Por esa razón, y aún antes de que tomara posesión el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, Vargas obtuvo la aprobación de Santos para presentar el proyecto, sin haber alcanzado acuerdo alguno con las cortes. Quién dijo miedo. Los voceros de la Suprema y del Consejo de Estado emitieron un duro comunicado el jueves, en el que acusaron al Gobierno de afectar "seriamente el régimen democrático" y comprometer "la separación de poderes" con las propuestas del proyecto.

Incluso, viejos defensores de las altas cortes consideran que el comunicado fue desproporcionado. Quitarles algunas competencias nominadoras a los altos tribunales, que por demás no les han sentado bien y los han politizado, no amenaza la democracia. Mantener la tutela contra sentencias, cuidando que solo puedan resolverlas las salas plenas de las altas cortes, tampoco. Que los notarios y los centros de conciliación puedan asumir funciones judiciales para descongestionar los atestados juzgados, es una medida válida. Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura es algo sobre lo cual casi todos los expertos están de acuerdo. Y que la Fiscalía investigue y la Suprema juzgue a los congresistas y otros aforados es una elemental garantía del sistema acusatorio. También tiene mucho sentido la norma que descongestiona el despacho de la Fiscal General, cargado de excesivas competencias indelegables.

Ahora, ¿esa reforma resuelve la grave crisis de la Justicia? Tal vez no, pero contiene elementos que apuntan en la dirección correcta. Hay otras cosas por hacer, como lo han reconocido Santos y Vargas. Pero esa es otra discusión. La que plantean las cortes, que incluso dijeron que pensaban pedir una veeduría internacional para el proceso de aprobación de la reforma, es la que no tiene sentido. Si no les gusta el proyecto del Gobierno, lleven al Congreso sus propuestas, de manera concreta, si es que consiguen entre ellas un mínimo acuerdo. Así funciona la democracia.

Pero no hay que hacerse ilusiones. El comunicado de la Suprema y del Consejo de Estado ya atemorizó a muchos congresistas. La Corte Suprema decide su suerte penal. Y el Consejo de Estado juzga las pérdidas de investidura de los parlamentarios. De modo que no veo a las mayorías del Capitolio jugarse contra esos dos altos tribunales. La reforma cambia 26 artículos de la Constitución, y requiere ocho debates en las cámaras. Mi apuesta es que naufragará y que, mientras se hunde, surgirán propuestas para una Asamblea Constituyente. Porque, para bien o para mal, fue la Constituyente de hace 20 años la única que pudo sacar adelante una primera reforma de la Justicia. Ojo: no digo que la Constituyente sea la solución, pero la veo asomar.


ElTiempo.com
Domingo, 7 de Agosto de 2011