Todo el arco iris racial que se configuró con la conquista española y el comercio de esclavos africanos introducido por el imperialismo europeo en el nuevo continente debe configurar un conjunto humano y ciudadano con iguales derechos y deberes ante la sociedad y la ley, amparado por la Constitución y por las leyes que constituyen la república unitaria.
Tenemos, es innegable, mentalidad clasista heredada, como tantos otros rasgos de nuestro ser nacional, de la España monárquica, donde la nobleza envanecida por títulos y prerrogativas se consideraba superior al "inepto vulgo" de que hablara Laureano Gómez, con el más olímpico elitismo político. Atenuado por casi dos siglos de historia republicana, no ha desaparecido. Sigue presente en multitud de comportamientos y prejuicios, muchos de ellos subconscientes.
De tales orígenes distantes, las minorías étnicas han experimentado las consecuencias desfavorables en una realidad social bien distinta de la teoría política que nos iguala ante la ley. Como es apenas obvio, las ocho Constituciones que nos han regido desde 1821, cuando la Asamblea Constituyente del Rosario de Cúcuta promulgó la Carta que consagró la unidad del antiguo Virreinato de la Nueva Granada como República de Colombia, han reconocido y ordenado la igualdad ante la ley, pero el atavismo ha predominado sobre la teoría política, en casos tan manifiestos como el servicio militar obligatorio y el viejo dicho de que "la justicia es para los de ruana", así los que no usan la cobija agujereada de que escribiera en sus Memorias el legionario británico Daniel Florencio O'Leary se halle en extinción.
La Constitución de 1991 quiso enmendar la injusticia histórica, pero lo hizo el revés. Al reconocer a las minorías, en vez de establecer cuidadosamente la forma de integrar a indígenas y negritudes africanas al cuerpo social de la nación, creó islas virtuales con territorios propios, aceptación de procedimientos judiciales anacrónicos, derechos especiales y autoridades diferentes a las que gobiernan el resto del país.
Interesante sin duda, y justificable, preservar las lenguas originales de América, porque las africanas desaparecieron casi totalmente. Aspectos culturales aún existentes y conservados de generación en generación merecen reconocimiento y aceptación, pero no con carácter separativo de las colectividades blancomestizas circundantes. ¿Cómo lograrlo? Mediante la educación pública establecida sobre las bases igualitarias para todos los ciudadanos colombianos, de carácter bilingüe como en el Paraguay, donde el guaraní y el español se hablan por casi toda la gente. Aquí, solo cuando sea necesario por la supervivencia de la lengua original americana.
Previsiones especiales sobre la propiedad de la tierra deberían haberse contemplado. Para las etnias aborígenes, este aspecto es crucial en cualquier sociedad bien constituida. En el Cauca, para guambianos y paeces, de ascendencia quechua, la propiedad de la tierra es de índole social, no particular. La comunidad asigna parcelas para el cultivo, equilibradas con la capacidad productiva de una o varias familias asociadas. Si las cosechas indican explotación adecuada de la parcela, la distribución continúa sin cambio. De ser insuficiente se disminuye para el período siguiente o se incrementa si así lo pide quien obtuvo rendimiento total. Entre nosotros, la distribución podrían organizarla los alcaldes municipales, con la asesoría de comités asignados por la comunidad.
Las determinaciones constitucionales de excepción lo que están originando es un sobredimensionamiento del derecho de las comunidades étnicas, que se oponen a obras de beneficio general, como hidroeléctricas, explotación y exploración de hidrocarburos, cruce de vías de comunicación por sus territorios y dislocación de las minorías del ente no social, cuando no bloqueos de vías y explosivas protestas carburadas por agitadores profesionales y subversivos infiltrados.
Alvaro Valencia Tovar (eltiempo.com)
Tenemos, es innegable, mentalidad clasista heredada, como tantos otros rasgos de nuestro ser nacional, de la España monárquica, donde la nobleza envanecida por títulos y prerrogativas se consideraba superior al "inepto vulgo" de que hablara Laureano Gómez, con el más olímpico elitismo político. Atenuado por casi dos siglos de historia republicana, no ha desaparecido. Sigue presente en multitud de comportamientos y prejuicios, muchos de ellos subconscientes.
De tales orígenes distantes, las minorías étnicas han experimentado las consecuencias desfavorables en una realidad social bien distinta de la teoría política que nos iguala ante la ley. Como es apenas obvio, las ocho Constituciones que nos han regido desde 1821, cuando la Asamblea Constituyente del Rosario de Cúcuta promulgó la Carta que consagró la unidad del antiguo Virreinato de la Nueva Granada como República de Colombia, han reconocido y ordenado la igualdad ante la ley, pero el atavismo ha predominado sobre la teoría política, en casos tan manifiestos como el servicio militar obligatorio y el viejo dicho de que "la justicia es para los de ruana", así los que no usan la cobija agujereada de que escribiera en sus Memorias el legionario británico Daniel Florencio O'Leary se halle en extinción.
La Constitución de 1991 quiso enmendar la injusticia histórica, pero lo hizo el revés. Al reconocer a las minorías, en vez de establecer cuidadosamente la forma de integrar a indígenas y negritudes africanas al cuerpo social de la nación, creó islas virtuales con territorios propios, aceptación de procedimientos judiciales anacrónicos, derechos especiales y autoridades diferentes a las que gobiernan el resto del país.
Interesante sin duda, y justificable, preservar las lenguas originales de América, porque las africanas desaparecieron casi totalmente. Aspectos culturales aún existentes y conservados de generación en generación merecen reconocimiento y aceptación, pero no con carácter separativo de las colectividades blancomestizas circundantes. ¿Cómo lograrlo? Mediante la educación pública establecida sobre las bases igualitarias para todos los ciudadanos colombianos, de carácter bilingüe como en el Paraguay, donde el guaraní y el español se hablan por casi toda la gente. Aquí, solo cuando sea necesario por la supervivencia de la lengua original americana.
Previsiones especiales sobre la propiedad de la tierra deberían haberse contemplado. Para las etnias aborígenes, este aspecto es crucial en cualquier sociedad bien constituida. En el Cauca, para guambianos y paeces, de ascendencia quechua, la propiedad de la tierra es de índole social, no particular. La comunidad asigna parcelas para el cultivo, equilibradas con la capacidad productiva de una o varias familias asociadas. Si las cosechas indican explotación adecuada de la parcela, la distribución continúa sin cambio. De ser insuficiente se disminuye para el período siguiente o se incrementa si así lo pide quien obtuvo rendimiento total. Entre nosotros, la distribución podrían organizarla los alcaldes municipales, con la asesoría de comités asignados por la comunidad.
Las determinaciones constitucionales de excepción lo que están originando es un sobredimensionamiento del derecho de las comunidades étnicas, que se oponen a obras de beneficio general, como hidroeléctricas, explotación y exploración de hidrocarburos, cruce de vías de comunicación por sus territorios y dislocación de las minorías del ente no social, cuando no bloqueos de vías y explosivas protestas carburadas por agitadores profesionales y subversivos infiltrados.
Alvaro Valencia Tovar (eltiempo.com)
no aguante, esta es mucha infamia, 1) El "arcoiris racial" se establecio con el saqueo, robo, explotación y asesinato de los pueblos indígenas y africanos, existe una deuda histórica. 2)el Estado luego de 500 años dio a las minorías etnicas una territorialidad especial basado en los vinculos comunitarios ancestrales, basados en la unidad étnica de los pueblos indígenas que en todas las latitudes del continente entieneden a la tierra como la madre dadora de vida, por lo que la tierra es una reivindicación que siempre exigieron y exigiran estas comunidades. 3) Las comunidades idígenas son un patrimonio de la humanidad, al gual que sus dialectos y lenguas, no se trata de mantenerlas muertas,sino que vivan en sus herederos reales, y para ello se requiere garantizar la preservacion de sus lazos comunitarios, basados en la tierra y la autoridad tradicional. 4)en paraguay se habla guaraní porque es un país mayoritariamente indígena. 5) la justicia es tratar al desigual de manera desigual, parece que el Gral se volvió socialista. 6)los proyectos de hidroelectricas e hidrocarburos solo le sirven a los políticos y los empresarios, mientras que las comunidades rurales no se ven beneficiadas, o si no diganme un solo ejemplo, solo salarios de miseria, engaños y daños ambientales, por eso no quieren que se desarrollen estos proyectos en condiciones desfavorables para la gente de ruana, o de taparrabo.
ResponderEliminar