Si el poder judicial quiere dar cuando menos la sensación de que actúa imparcialmente, muy pronto empezará el juicio contra los jefes del M-19. No fue por iniciativa nuestra, que conste, que se dio marcha atrás en el reloj de la historia para revivir épocas que creíamos superadas en el milenario y saludable instituto de la prescripción. Han sido los radicales de la izquierda, más para desquitarse que para hacer justicia, que resolvieron prohibir el olvido e impedir a los pueblos que hicieran su propio duelo dejando canceladas viejas amarguras.
Quede para mejor ocasión probar que se trata de un error monumental y que la prescripción no recorrió más de 20 siglos de la Historia por accidente o por capricho. Lo que ahora nos corresponde es declarar nuestra extrañeza porque antiguos dolorosos episodios se desentierren a medias, entre el rancio e inconfundible olor de la revancha.
Después de innumerables investigaciones y de fallos que hicieron tránsito a cosa juzgada, otro precioso instrumento del Derecho que ahora se desprecia, la izquierda está empeñada en revivir la amarga historia del Palacio de Justicia. Por eso, tiene en la cárcel a oficiales muy distinguidos del Ejército Nacional, que fueron héroes de aquellas jornadas conmovedoras.
Por otra parte, el fiscal Mario Iguarán, quién sabe si consciente de la gravedad de lo que hacía o solamente para ocultar cuatro años de pereza y abandono, resolvió declarar que todo lo que hizo el narcotráfico fue parte de un plan concertado para cometer un delito atroz de genocidio. Por eso no habría prescrito el proceso por el asesinato de Luis Carlos Galán y cabría empezar de nuevo.
Sumadas esas dos circunstancias, nos preguntamos asombrados cómo no se han abierto de nuevo los procesos que conducirán a la cárcel a los jefes del antiguo M-19, durante tantos años consentidos o por lo menos tolerados por una opinión pública que fue conscientemente partidaria del perdón y del olvido.
Si el asesinato de Luis Carlos Galán no ha prescrito y si pasa lo mismo con delitos de desaparición forzada, que sin una sola prueba se imputan al general Arias Cabrales y al coronel Plazas Vega, mucho menos podrá predicarse esa circunstancia del delito que cometieron cuantos dirigieron y ejecutaron el más espantable atentado que pueda recordarse contra las instituciones republicanas. Dicho sea de paso, en asocio, con financiación y con armas del mismo narcotráfico que mató a Galán.
Una de las más graves inconsecuencias que la Historia de Colombia, tan rica en ellas, registre es la que estamos viviendo.
Los que lograron sostener la democracia, rescatar centenares de inocentes y devolverle al país la dignidad y la esperanza en aquellas horas sombrías hoy están presos y humillados, como si de bestias feroces se tratase. Pero los que dirigieron aquella embestida cruel y miserable contra la justicia colombiana, para usarla como rehén contra el poder establecido, ocupan curules en el Congreso, palacios de Gobierno y llenan las páginas de los periódicos con lecciones de ética y de civismo.
El juicio contra toda la cúpula del M-19 de entonces debe empezar, sin la menor tardanza. Para cerrarle el camino a cierto imaginable facilismo, recordaremos que la amnistía y el indulto jamás pudieron aplicarse contra delitos atroces, o de lesa humanidad. Por eso, sin el recurso de la prescripción y sin la disculpa de los indultos y las amnistías, declaramos en mora a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia de poner las cosas en su punto. Mientras tanto, nos quedaremos insistiendo en que la idea no fue nuestra y en que no es buena la de convocar esos fantasmas, que pertenecen a un pasado triste. Mas a las peores equivocaciones también les cabe algo de lógica elemental.
Quede para mejor ocasión probar que se trata de un error monumental y que la prescripción no recorrió más de 20 siglos de la Historia por accidente o por capricho. Lo que ahora nos corresponde es declarar nuestra extrañeza porque antiguos dolorosos episodios se desentierren a medias, entre el rancio e inconfundible olor de la revancha.
Después de innumerables investigaciones y de fallos que hicieron tránsito a cosa juzgada, otro precioso instrumento del Derecho que ahora se desprecia, la izquierda está empeñada en revivir la amarga historia del Palacio de Justicia. Por eso, tiene en la cárcel a oficiales muy distinguidos del Ejército Nacional, que fueron héroes de aquellas jornadas conmovedoras.
Por otra parte, el fiscal Mario Iguarán, quién sabe si consciente de la gravedad de lo que hacía o solamente para ocultar cuatro años de pereza y abandono, resolvió declarar que todo lo que hizo el narcotráfico fue parte de un plan concertado para cometer un delito atroz de genocidio. Por eso no habría prescrito el proceso por el asesinato de Luis Carlos Galán y cabría empezar de nuevo.
Sumadas esas dos circunstancias, nos preguntamos asombrados cómo no se han abierto de nuevo los procesos que conducirán a la cárcel a los jefes del antiguo M-19, durante tantos años consentidos o por lo menos tolerados por una opinión pública que fue conscientemente partidaria del perdón y del olvido.
Si el asesinato de Luis Carlos Galán no ha prescrito y si pasa lo mismo con delitos de desaparición forzada, que sin una sola prueba se imputan al general Arias Cabrales y al coronel Plazas Vega, mucho menos podrá predicarse esa circunstancia del delito que cometieron cuantos dirigieron y ejecutaron el más espantable atentado que pueda recordarse contra las instituciones republicanas. Dicho sea de paso, en asocio, con financiación y con armas del mismo narcotráfico que mató a Galán.
Una de las más graves inconsecuencias que la Historia de Colombia, tan rica en ellas, registre es la que estamos viviendo.
Los que lograron sostener la democracia, rescatar centenares de inocentes y devolverle al país la dignidad y la esperanza en aquellas horas sombrías hoy están presos y humillados, como si de bestias feroces se tratase. Pero los que dirigieron aquella embestida cruel y miserable contra la justicia colombiana, para usarla como rehén contra el poder establecido, ocupan curules en el Congreso, palacios de Gobierno y llenan las páginas de los periódicos con lecciones de ética y de civismo.
El juicio contra toda la cúpula del M-19 de entonces debe empezar, sin la menor tardanza. Para cerrarle el camino a cierto imaginable facilismo, recordaremos que la amnistía y el indulto jamás pudieron aplicarse contra delitos atroces, o de lesa humanidad. Por eso, sin el recurso de la prescripción y sin la disculpa de los indultos y las amnistías, declaramos en mora a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia de poner las cosas en su punto. Mientras tanto, nos quedaremos insistiendo en que la idea no fue nuestra y en que no es buena la de convocar esos fantasmas, que pertenecen a un pasado triste. Mas a las peores equivocaciones también les cabe algo de lógica elemental.
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