¡DESISTO DE LA DENUNCIA!...


Denuncié hace meses, por calumnia, a periodistas de dos grandes medios. ¡Ingenuo! Aquí el aparato judicial solo tiene direccionales de izquierda. Como respuesta: a) me iputaron calumnia por escribir sobre sindicalistas que firmaron manifiesto de apoyo a las Farc; b) declararon ilegal mi prueba reina: el archivo Reyes; c) La grabación de mis conversaciones y las piezas procesales reservadas se emitieron por radio y TV sin que nadie se inmutara.
    Comparemos: el 'profesor Cienfuegos' fue acreedor de subrogados penales y presunciones favorables. A Bernardo Moreno, Arias y el staff de Minagricultura se los calificó como delincuentes de alta peligrosidad. Ahora están en la mira del Colectivo el general Montoya y Luis Carlos Restrepo, dos héroes de la lucha contra el terrorismo. Plazas Vega está en la cárcel; los determinadores del holocausto son prohombres. ¡Para qué hacer el papel de rey de burlas en el sainete de la impunidad!
    Juan Paz publicó este domingo un estremecedor reportaje fotográfico. Después de que Uribe propinara una paliza dialéctica y moral al jefe comunista Iván Cepeda y a sus carnales del Colectivo Alvear Restrepo, las 'víctimas' (los derrotados por Uribe) fueron a lamer heridas, rumiar odios y urdir nuevas tramas en una finca de Chía. Al ex presidente ya no lo persiguen con ruidosos ataques dinamiteros o sigilosos francotiradores. Ahora lo acribillan con denuncias penales y con una masiva propaganda negra internacional.
    En las fotos de Juan Paz, Cepeda, el jefe comunista, posa con cara de rey de la tribu, a quien abrazan, sonrientes y comedidos, sus alfiles: 1) el ex comandante 'Gonzalo', del Eln (en pose de vicario de la moral, quien recibe jugosos honorarios por impartir excomuniones a uribistas y absoluciones a los demás); 2) Claudia López y la directora de la MOE (detentadoras de la rara atribución de determinar cuál votación es 'atípica' y cuál, en cambio, fue santificada por la inspiración del Espíritu Santo); 3) dos señoras de la plantilla de una empresa de medios (TV y FM Radio) y -¡oh sorpresa!-; 4) don Iván Velásquez -magistrado de la 'parapolítica', del caso Tasmania y de las borracheras en Yopal-, a quien abrazan todos -y todas- y posa cual mascota: obsecuente, obediente y leal.
    León Valencia, en Mis años de guerra (o, 'Años de crímenes'), confiesa que su 'vena' investigadora le viene de militar en el Eln, porque allí le ordenaron recoger información con todos los "detalles de las relaciones entre narcotraficantes y dirigentes políticos de las regiones y del país" (pág. 197).
    Según eso, el infame montaje político judicial contra Uribe, tuvo: 1) un capital semilla (miles de millones) entregado por el gobierno a Renovación Socialista (Arco Iris) como premio a su desmovilización; 2) una metodología formulada por el Eln; 3) un magistrado investigador parcializado, quien suele emborracharse con las figuras señeras de la oposición a la Seguridad Democrática. 4) la presencia ominosa, tras bambalinas, de un duendecillo burlón, que ríe y ríe, puesto que el plan estratégico trazado por el Comité Central del Partido Comunista -fundador de las Farc- es perifoneado, juguetonamente, por un aparato mediático cuyos propietarios podrían ser (¡Dios no lo quiera!) las primeras víctimas del Socialismo del Siglo XXI, cuyo triunfo parecen desear.
    ¿Víctimas de Uribe, esos, los de las fotos? ¡Pero si viven como pachás por obra de la Seguridad Democrática! ¡Pero si están disfrutando de las libertades de movilización y expresión, antes conculcadas por el terrorismo de las Farc, el Eln y las Auc! ¡Pero si los tipos obtienen ingresos que solo los pueden pagar unas empresas boyantes porque reina la confianza inversionista y la seguridad! ¡Pero...!
El Tiempo, 31 de agosto 2011

UN ATRASO QUE INDIGNA...


Con enorme franqueza, la consejera para el Cambio Climático, Cecilia Álvarez Correa, reveló las cifras en una entrevista para El Heraldo. De 6.000 casas contratadas para el sur del Atlántico, una de las regiones más afectadas por el desastre invernal, apenas han construido 187. Y esto diez meses después de que la tragedia se cebara con esta rica región agrícola, cuando el jarillón que la separa del canal del Dique se reventó y produjo una inundación sin precedentes.
El juicio de responsabilidades por lo del jarillón sigue pendiente, aunque muchos apuntan a un contrato -ya echado para atrás- para profundizar el canal del Dique. En cuanto al juicio por el atraso en la reconstrucción, el asunto apenas comienza. El tema no son solo las casas. Más de 80.000 millones de pesos esperan en los bancos a que los alcaldes de la zona se pongan de acuerdo para contratar la reconstrucción del acueducto regional.
¿Quién tiene la culpa? Empiezo por un problema de ambiente: hay cientos de funcionarios paralizados de miedo. La necesarísima campaña contra la corrupción, liderada por los organismos de control y alentada con sonoras ruedas de prensa por el propio presidente Juan Manuel Santos, ha sido un viento fresco en el enrarecido ambiente del sector público. Pero, de paso, ha generado una ola de terror a tomar decisiones o contratar.
Al Gobierno le ha faltado dosificar el mensaje: que teman lo peor los corruptos, pero que se sientan respaldados los funcionarios que hagan bien las cosas. La satanización de todos los funcionarios, como si por el solo hecho de serlo ya tuvieron un pie en la cárcel, no es buena. Una cifra demuestra esta parálisis: al término del primer semestre, solo el 13,4 por ciento del presupuesto de inversión de la Nación había sido ejecutado. Esto es un crimen en un país con tantas necesidades. Y lo es aún peor en el caso de la ola invernal. Ya arrancó una nueva temporada de lluvias y la inmensa mayoría de los damnificados sigue sin casa, sin acueducto, sin carretera. El caso de Gramalote da para columna aparte.
Volviendo al sur del Atlántico, algunos han querido culpar al gobernador Eduardo Verano y a los alcaldes de los municipios afectados. El Gobierno Nacional alega que giró los recursos y que las autoridades regionales y locales, así como las fundaciones contratadas en el tema de las casas, no los han ejecutado. Suena bien desde el punto de vista académico. Pero la realidad no es así. El Gobierno sabe que la gran mayoría de departamentos y municipios tiene instituciones muy débiles, con escasa capacidad de gestión. Esto requería una intervención directa y efectiva de los ministros responsables y del propio Presidente.
Las dimensiones de la tragedia desbordaron la capacidad de reacción de las autoridades. Así lo reconoció Santos desde un principio. ¿Tenía sentido delegar tanto en las autoridades locales? George W. Bush ha dicho que uno de sus grandes errores lo cometió ante la tragedia del huracán Katrina. Confiado en que las instituciones funcionarían (la Fema, autoridad federal para las emergencias, así como el gobierno de Nueva Orleans), delegó: comprendió tarde que tenía que haberse involucrado personalmente, que hay tragedias que necesitan el liderazgo directo del Presidente.
Sé que las comparaciones son odiosas, y en estos tiempos la que voy a hacer lo es aún más. Pero uno se imagina a Álvaro Uribe gobernando, con bota pantanera y poncho, desde la región inundada, hasta que salieran adelante las casas y los acueductos. Santos tiene un estilo diferente y eso es respetable. Pero de alguna manera debe conseguir que se supere el atraso en la atención de una de las mayores tragedias invernales de la historia del país. A la hora de la verdad, la historia no juzgará por esto ni a alcaldes ni a gobernadores. Lo juzgará a él.
El Tiempo, 18 de agosto 2011