Con la grotesca orden de detención dictada contra el general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, firmada por un tal Francisco Revelo, obscuro juez ecuatoriano, quedó demostrado, una vez más, que la ofensiva del terrorismo internacional “bolivariano”, del cual las Farc son un apéndice importante, tiene una gran prioridad: deteriorar la moral de las tropas colombianas, desde sus más altos mandos hasta sus bases y reservas, mediante una suerte de guerra psicológica que supone la utilización a fondo, sobre todo para el periodo que viene, de los más sucios subterfugios jurídicos, gracias a la infiltración que esas redes han hecho en los medios judiciales de varios países de América latina.
No hay que prestarse al engaño. Lo que ha hecho el juez de Sucumbios, y el fiscal quiteño que validó esa orden (quien curiosamente se apellida Alvear, como el siniestro colectivo “de abogados” que los colombianos conocemos), no es más que una jugada calculada del gobierno ecuatoriano para poner a prueba, en un contexto de falsa distención con Bogotá, la claridad y determinación del gobierno colombiano, y la disponibilidad de ciertos sectores minoritarios de la política colombiana, ante los desafíos que plantean al país no sólo los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez sino la obscura galaxia extremista del Foro de São Paulo.
La prueba de esto es la lavada de manos que se dio el canciller ecuatoriano Fander Falconí al declarar cínicamente que los jueces de su país “son autónomos” y que el gobierno de Correa no tiene capacidad de designar e intervenir o controlar la Fiscalía". Falso. Durante su cruzada autoritaria contra la “partidocracia”, que culminó con la destitución de 57 congresistas de la oposición, Rafael Correa utilizó a ciertos jueces. ¿Quién puede creerle a Falconi? Este pretende que Colombia haga como si nada hubiera pasado y continúe en los pretendidos diálogos para reanudar las relaciones bilaterales.
Si la cancillería colombiana, y el gobierno de Álvaro Uribe, siguen apegados a una lectura exclusivamente formal, jurídica y beata de lo que dicen sus vecinos y de lo que está ocurriendo en la esfera latinoamericana, sin admitir que hay una hidra que se llama Foro de São Paulo y unos organismos sectarios y taimados creados por el chavismo para imponer un destino autoritario al continente, Colombia seguirá atada a Unasur y se expondrá a nuevas malas sorpresas.
Contra Colombia obran poderosas redes subversivas que manejan, dentro y fuera del país, una agenda y una dialéctica destructiva y antidemocrática. Esas líneas prevalecen sobre los gestos hipócritas de la rutina diplomática. ¿Por qué es tan difícil para el canciller Bermúdez ver esa realidad y tomar medidas?
La secta bolivariana trabaja para instrumentalizar, por ejemplo, Interpol y hacer valer ante ese organismo las órdenes de captura que, sin ningún freno, jueces politizados dictarán contra dirigentes colombianos. Esa gente sueña revivir el episodio de Pinochet asediado en Londres a causa de una orden de captura de un juez español. Quieren hacer eso mismo con el ex ministro Santos y con el general Padilla tan pronto pongan ellos un pié en el extranjero. Y eso sólo será el comienzo.
¿Donde están los esfuerzos del gobierno colombiano para quebrar esa provocación? ¿Para dotarse de una línea que descarrile esos arranques sediciosos? Hasta hoy no hay una sola reflexión al respecto. Pues vivimos, parece, en el mejor de los mundos. La cuestión es grave y exige una actitud más creativa. La movilización debe involucrar no solo a la Cancillería y sus valientes embajadores, sino a todos los cuerpos del Estado y a la sociedad toda. Militares, policías, abogados, políticos, industriales, comerciantes, periodistas, estudiantes, obreros, campesinos, religiosos, todos deben ser invitados a movilizarse y a forjar respuestas para proteger a Colombia. La resistencia contra la ofensiva “bolivariana” debe involucrar al país entero.
Bajo órdenes del Presidente Uribe y del ministro Santos, el general Freddy Padilla de León logró propinarle a las Farc, a los paramilitares y a los carteles de la droga, los golpes más demoledores que ellos hayan conocido. Padilla protegió a los colombianos con la Operación Filipo, que desembocó en la muerte a Pedro Antonio Marín; con la Operación Fénix, que liquidó el bastión de Raúl Reyes en Ecuador, el 1 de marzo de 2008. Y con la Operación Jaque que rescató, sin disparar un tiro, a quince rehenes, el 2 de julio de 2008. El general Padilla pasará a la historia por esos gloriosos hechos de guerra. Colombia le debe inmensa gratitud y respeto.
Sin embargo, y aunque parezca increíble, hay gente en Bogotá que está dispuesta a aplaudir la bellaquería ecuatoriana. La revista Semana criticó “la furia” y el “tono exagerado” del ministro de Defensa Gabriel Silva, quien canceló, con sobrada razón, una reunión entre los dos países luego de declarar que él no iba “a poner en riesgo a nuestros oficiales para que los vuelvan carne de cañón y un espectáculo jurídico y político".
A Semana no le gustó que el gobierno respaldara al general Padilla. Dijo que Uribe “salió a defenderlo como hiciera con el ex ministro Santos”. Para la publicación opositora todo va bien pues “el impasse no lo [ha] creado el gobierno ecuatoriano sino un fiscal autónomo”. La falsa ingenuidad de Semana se troca en gesto ignominioso cuando sugiere, entre líneas, antes de citar a Antonio Navarro Wolf, que es más importante el comercio que la libertad y el honor del general Padilla y del ex ministro Juan Manuel Santos.
Que Navarro Wolf aparezca citado en ese artículo no es casual. El Polo está detrás de la táctica de amancebarse con Correa y sacrificar a Padilla y a Santos, dos cabezas que Caracas quiere ver caer. ¿Por falta de vigilancia Bermúdez le jugará a eso?
Esa táctica está siendo aplicada en otros campos, pero siempre contra los militares. Con propaganda y mentiras enormes un grupo de agitadores logró la detención y la humillación del coronel Plazas Vega, héroe del rescate del Palacio de Justicia. Basada en conjeturas deleznables su detención es el espectáculo más chocante de la justicia colombiana. Esa maniobra se está derrumbando pero eso duró dos años, en medio de la indiferencia de la opinión, de los medios y de los propios militares y reservistas.
Para resumir: el artículo citado le probó a Rafael Correa que en Bogotá él puede contar con ciertos alucinados que lo respaldarán el día de las nuevas arremetidas.
Con su comedia de reacercamiento, Quito quiere jugar al más listo. Trata de imponerle a Colombia una estrategia de doble vía: por un lado amaga con una zanahoria (el restablecimiento de las relaciones) y por la otra alardea con un garrote (el hostigamiento de altos personajes del Estado). ¿Colombia se dejará aplastar por esa tenaza?
El presidente Uribe debería nombrar rápidamente a un verdadero ministro de Justicia que estudie los problemas y proponga salidas a los desafíos de la guerra jurídica. El desmadre judicial actual viene del vacío creado por la fusión de los ministerios de Interior y de Justicia, por razones presupuestales. Es hora de corregir ese error y de crear un escudo jurídico y político contra las siniestras intrigas que se nos vienen encima.
