ENTRE LA REELECCION Y LOS VIOLADORES

Indignación es la palabra que describe lo que sentimos los colombianos que hemos respaldado el referendo que busca la cadena perpetua para los violadores.
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Con excusas traídas de cabellos, el gobierno decidió retirarle el respaldo al proyecto que todavía no ha sido debatido en la Cámara de Representantes. El ministro de Interior, Fabio Valencia, dijo que “penas largas y condiciones de agravamiento de las mismas, son lo más conveniente para castigar estos delitos atroces como la violación de los niños”.
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Evidentemente el gobierno aparenta estar desenfocado. El tema meramente punitivo puede ser debatido y analizarse si un violador merece 6 años o 60 en la cárcel. Pero ese no es el asunto de fondo que plantea el referendo. Lo que se está buscando con la cadena perpetua para violadores es que semejantes criminales no vuelvan a las calles a cometer sus tropelías, es decir, el referendo tiene la intención de protejer al eslabón más vulnerable de la sociedad: los niños.
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Esto significa que el referendo intenta darnos a los ciudadanos la garantía de que un depredador no volverá a las calles a destruir la vida de uno o varios niños. Es más: hasta la misma Constitución del 91, tan garantista para los delincuentes, proclama la superioridad de los derechos de los niños sobre los demás.
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Una de las preocupaciones de los colombianos tiene que ver con que algún día Luis Eduardo Garavito estará de vuelta en las calles, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Ese monstruo en libertad, que ahora aparenta ser un santo consagrado a la Biblia, será una amenaza contra la integridad de los niños que tengan la mala hora de atravesarse en su camino.
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Entonces, puede que el castigo, desde la perspectiva exclusivamente jurídica, sea suficiente –lo dudo-, pero la protección que el Estado le otorga a toda la ciudadanía, y con mayor énfasis a los menores, debe ser permanente. Y esta es la consideración que no quieren hacer aquellos que se oponen a la iniciativa.
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Otra justificación del gobierno para no respaldar el referendo para la cadena perpetua es que la figura, según el ministro Valencia Cossio, “puede resultar extraña en la legislación colombiana”. En el mismo sentido se pronunció el Presidente, quien advirtió que dicha figura “no hace parte de la tradición del país”.
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¿El gobierno Uribe hablando de tradiciones y de figuras legislativas extrañas? ¡Por Dios! ¿Qué tradición tenía la figura de la reelección en nuestro país? ¿Acaso la modificación del articulito en la Constitución no fue algo extraño en la legislación colombiana?
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No solo eso: convocar sesiones extraordinarias en diciembre, para impulsar el referendo de la aún más extraña figura de la segunda reelección, es algo que no se había visto en la tradición del país. Sin embargo, el gobierno se aplicó a fondo y logró que algo extraño y nada tradicional, siguiera con vida hasta el día de hoy.
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En este sentido, el gobierno Uribe muestra una enorme incoherencia desde el simple punto de vista formal, al impulsar con entusiasmo las modificaciones que le convienen a su proyecto político, pero siendo apático frente a las amenazas potenciales contra la población y sobre todo, frente a las responsabilidades que le atañen en materia de protección a la niñez.
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Así las cosas, cuando conviene romper con las tradiciones e implantar figuras extrañas en la legislación, no hay inconveniente y se vende la idea de defender a ultranza la participación popular que abre el espacio para que “el pueblo decida”. Si es para mantener el poder, entonces si vale la voz del “pueblo”… pero si se trata de la protección a los menores, ese mismo pueblo reeleccionista no puede pronunciarse sobre una figura que le daría mayor seguridad y tranquilidad.
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Hay que ser claros: los colombianos tenemos derecho a saber que los depredadores, violadores, pedófilos y pederastas estarán siempre tras las rejas, una vez se les compruebe su crimen.
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Diferentes países no solo cuentan con la cadena perpetua, sino que permiten la publicación de listas con los nombres y ubicación de los depredadores. En contraste, los muros de la infamia, donde la concejala de Bogotá Gilma Jiménez pedía que se publicaran los nombres y las fotos de los criminales, resultaron improcedentes para la “honorable” justicia colombiana.
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A las voces gubernamentales se unieron las del partido Liberal, que en boca de su vocero en la Cámara Carlos Piedrahita, se excusó de respaldar el referendo aduciendo que Colombia, para el tema del abuso infantil, tiene algunas de las penas más altas del mundo.
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¡Qué profundidad la de Piedrahita! En Estados Unidos la discusión ni siquiera es por la cadena perpetua, aceptada por la sociedad en general, sino por la pena de muerte para violadores. De hecho en 45 estados está prohibida la pena de muerte por violación, en tanto que cinco la permiten si la víctima es menor de edad. El año pasado, la Suprema Corte prohibió la pena capital por violación, lo que generó un candente debate que incluyó el rechazo a la decisión del entonces candidato Barack Obama.
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En Italia acaban de expedir un decreto para castigar con cadena perpetua a los violadores que asesinen a sus víctimas y hasta autoriza patrullas de ciudadanos para defenderse de los depredadores. En Ecuador hay un intenso debate por la propuesta de la castración química para los violadores. Alemania, Bélgica, Chile y Argentina castigan con cadena perpetua a los depredadores.
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Mientras tanto nuestras leyes solo dan para rogar a que aparezca otro delito cometido por el depredador, para tenerlo en una celda durante un tiempo más… pero eso a Piedrahita le parece “suficiente”. ¿Si alguno de los depredadores sale de la cárcel por pena cumplida y vuelve a violar a un niño, el partido Liberal asumirá su responsabilidad política, ética y moral? ¿Repararán Piedrahita y el liberalismo a la víctima?
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Lo que queda claro es que estamos liderados por unas camarillas indolentes y apáticas, que solo le dan importancia al poder y no a la protección de los que dicen representar. Bien por Gilma Jiménez, una voz solitaria en medio de la descomposición política de Colombia.
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