Se asoma una nueva tormenta en América Latina por el acuerdo de cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de carácter transnacional, que suscribirán los gobiernos de Barack Obama y Alvaro Uribe. El eje chavista, agrupado en el ALBA, pegó el grito en el cielo porque esa decisión permite a las tropas norteamericanas el uso de algunas bases militares colombianas. El argumento lo expuso el canciller Nicolás Maduro: ``El ejército de EEUU es una amenaza directa contra los gobiernos progresistas del continente y contra Venezuela''.
La principal hipótesis de guerra de Venezuela es una intervención estadounidense en su territorio, con el fin de controlar las riquezas energéticas y abortar el proceso revolucionario. Más que una amenaza cierta es una excusa con la cual Hugo Chávez pretende despertar sentimiento nacionalista, fortalecer su hegemonía, justificar una inusitada carrera armamentista e inclusive recibir el ofrecimiento de apoyo militar de las FARC, que nunca ha rechazado.
La alianza de Estados Unidos y Colombia es el principal obstáculo para la expansión de la ``revolución bolivariana'' y la construcción del ``bloque regional de poder'', que requiere el ``socialismo del siglo XXI''. Quebrar ese vínculo es un interés nacional vital para el actual gobierno de Miraflores. En esa lógica, así como se despedazó dicho nexo con Ecuador, debe romperse el que existe con Colombia, Perú y Honduras, entre otros. No gratuitamente, Chávez pide a Obama que retire a los miembros del ejército que están en ese último país, con el falaz razonamiento de que su presencia es un aval al gobierno de Micheletti.
Pero, en realidad, ¿quién amenaza a quién? Los acontecimientos de los últimos dos años demuestran que lo que perturba la paz y la seguridad del hemisferio no es la "política de seguridad democrática" implementada por Alvaro Uribe, tampoco el Pentágono, la CIA o el Comando Sur. Lo que desestabiliza y conspira contra las democracias en el hemisferio es el ánimo imperialista de Chávez.
La crisis generada en noviembre de 2007 con ocasión del retiro del presidente venezolano de las gestiones para la liberación de los secuestrados por las FARC, el reclamo que hizo de estatus de beligerancia para la guerrilla, la solicitud de excluirla de las listas de organizaciones terroristas, el respaldo a su proyecto revolucionario, la orden en marzo de 2008 de movilizar diez batallones a la frontera con Colombia y sus reiteradas advertencias de emplear los aviones rusos Sukhoy dejan claro de dónde provienen los atentados a la paz y la seguridad. La mano de la revolución bolivariana también está en los nexos del gobierno de Rafael Correa con el secretariado fariano, los anuncios de guerra contra Colombia de Daniel Ortega en el Caribe, los ataques de Evo Morales al gobierno de Alan García y el golpe de estado de Zelaya y el posterior contragolpe.
Es corriente que los países tengan hipótesis de guerra y estén preparados para actuar. Del mismo modo, es plausible que desplieguen políticas de disuasión y que denuncien lo que consideran amenazas a su seguridad. Empero, este no es el caso. Hace ya mucho tiempo que el poder de Estados Unidos tiene expresiones mucho más efectivas que los recursos militares. América Latina está en su órbita de influencia y esa nación no necesita de portaviones, ni de bases militares en Colombia, para hacer sentir su predominio en la región. Sólo obtusos militaristas pueden pensar lo contrario.
La utilización de las bases militares colombianas no tiene objetivos ofensivos contra nadie en el continente. La complementación de las operaciones antinarcóticos con acciones contra el terrorismo y el crimen organizado enfatiza que su objetivo es frenar el tráfico de estupefacientes, al tiempo que derrotar a las organizaciones armadas ilegales. A Chávez y compañía nada de esto debería preocuparles, si no fuera porque han hecho de la enemistad con Estados Unidos su bandera.
Para la administración Uribe la alianza con Estados Unidos es fundamental con el fin de disuadir una posible agresión en bloque de los gobiernos alineados con la revolución bolivariana. Si se examina con cabeza fría, ese escenario no es descabellado. De hecho, Chávez, Ortega, Evo y Correa al dar apoyo abierto y clandestino a las FARC ya le declararon una guerra irregular a la democracia colombiana. Así, pues, bienvenida la utilización de las bases militares del país sudamericano por los estadounidenses. Lejos de ser una amenaza es una garantía de seguridad en la región.
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