Ahora sí se aclaró todo, me dijo al día siguiente de la aprobación del referendo en la Cámara un senador costeño. Sí, le contesté, se aclaró que todo seguirá oscuro. La única forma, le expliqué, de que el panorama se hubiera despejado habría sido que el referendo se hundiese, pues de ese modo quedaba definido quién podía ir y quién no a las elecciones presidenciales del 2010. Con el referendo vivo, aunque en permanente riesgo de tropezar en su angustiosa carrera contra el reloj, no es posible saber quiénes serán los jugadores en la competencia presidencial.
Los principales damnificados de semejante drama son dos de quienes hasta hace poco estaban entre los preferidos del Presidente: los ex ministros Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias, quienes, como en el juego infantil, quedaron "estatuas". No pueden seguir sus campañas presidenciales porque en principio tienen que hacerle proselitismo al referendo. Pero tampoco pueden dejar de hacerlas, porque no saben si van a tener que echarse al agua a última hora si el referendo naufraga en cualquiera de las muchas tormentas que debe atravesar.
Revisemos la carrera de obstáculos que la iniciativa enfrenta. Esta semana, la Casa de Nariño debe enviar la ley de referendo ya sancionada, para que la Corte Constitucional la someta a examen. Antes de que el alto tribunal pueda hacerlo, el Procurador General tendrá que pronunciarse, algo en lo que debe tomarse un mes. Eso nos lleva a octubre. Entre tanto, en la Corte, es de suponer que los enemigos del referendo interpondrán toda clase de recursos, en especial recusaciones que pueden paralizar el trabajo de los magistrados un mes más. Estamos en noviembre.
Antes de las vacaciones judiciales de fin de año, el magistrado que sea escogido como ponente presentará su propuesta de fallo a la sala plena. Y allí, la discusión puede durar otro mes más después del reinicio de actividades a mediados de enero. Eso nos lleva a febrero, cuando, si no hay mayores tropiezos -y puede haberlos-, la Corte tomaría su decisión.
Supongamos que resuelve darle vía libre al referendo. Una vez se lo comunique a las autoridades electorales, el registrador, Carlos Ariel Sánchez, ha dicho que harán falta 90 días para organizar la votación, lo que nos lleva a mayo, ¡en vísperas de las elecciones presidenciales! Ese día, la iniciativa tendrá que sacar 7,5 millones de votos para que la autorización a que Uribe vuelva a ser candidato tenga validez. Y eso, repito, si todo le sale bien al referendo, si la Fiscalía no decide procesar a sus promotores ni el Consejo Electoral determina que las irregularidades en la recolección de firmas viciaron la iniciativa.
Son ocho meses más de incertidumbre, del Gobierno echando mano de cuanto recurso encuentre para presionar a las diferentes instancias decisorias; de la Corte Suprema respondiendo con una orden de captura tras otra contra parlamentarios oficialistas, para reventar las mayorías uribistas en el Congreso; de la oposición recusando a los magistrados amigos de Uribe en la Corte Constitucional para entorpecer el avance del referendo en ese tribunal; de la Fiscalía, obligada a decidir si hubo delitos en la promoción del referendo, bajo la doble presión de la sala penal de la Corte Suprema, de un lado, y del Gobierno, del otro. No, ¡si está todo clarísimo, diáfano, transparente!
Desde ya es fácil prever el triste -y peligroso- espectáculo que viene. El gran perjudicado va a ser el país, porque por primera vez en la historia republicana, de aquí hasta pocos días antes de las elecciones presidenciales nadie sabrá si el principal candidato puede participar en ellas. Y mientras eso se define, todas las partes se sentirán con licencia para hacer lo que sea, con tal de asegurarse, los unos de salvar el referendo, y los otros, de hundirlo.
Los principales damnificados de semejante drama son dos de quienes hasta hace poco estaban entre los preferidos del Presidente: los ex ministros Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias, quienes, como en el juego infantil, quedaron "estatuas". No pueden seguir sus campañas presidenciales porque en principio tienen que hacerle proselitismo al referendo. Pero tampoco pueden dejar de hacerlas, porque no saben si van a tener que echarse al agua a última hora si el referendo naufraga en cualquiera de las muchas tormentas que debe atravesar.
Revisemos la carrera de obstáculos que la iniciativa enfrenta. Esta semana, la Casa de Nariño debe enviar la ley de referendo ya sancionada, para que la Corte Constitucional la someta a examen. Antes de que el alto tribunal pueda hacerlo, el Procurador General tendrá que pronunciarse, algo en lo que debe tomarse un mes. Eso nos lleva a octubre. Entre tanto, en la Corte, es de suponer que los enemigos del referendo interpondrán toda clase de recursos, en especial recusaciones que pueden paralizar el trabajo de los magistrados un mes más. Estamos en noviembre.
Antes de las vacaciones judiciales de fin de año, el magistrado que sea escogido como ponente presentará su propuesta de fallo a la sala plena. Y allí, la discusión puede durar otro mes más después del reinicio de actividades a mediados de enero. Eso nos lleva a febrero, cuando, si no hay mayores tropiezos -y puede haberlos-, la Corte tomaría su decisión.
Supongamos que resuelve darle vía libre al referendo. Una vez se lo comunique a las autoridades electorales, el registrador, Carlos Ariel Sánchez, ha dicho que harán falta 90 días para organizar la votación, lo que nos lleva a mayo, ¡en vísperas de las elecciones presidenciales! Ese día, la iniciativa tendrá que sacar 7,5 millones de votos para que la autorización a que Uribe vuelva a ser candidato tenga validez. Y eso, repito, si todo le sale bien al referendo, si la Fiscalía no decide procesar a sus promotores ni el Consejo Electoral determina que las irregularidades en la recolección de firmas viciaron la iniciativa.
Son ocho meses más de incertidumbre, del Gobierno echando mano de cuanto recurso encuentre para presionar a las diferentes instancias decisorias; de la Corte Suprema respondiendo con una orden de captura tras otra contra parlamentarios oficialistas, para reventar las mayorías uribistas en el Congreso; de la oposición recusando a los magistrados amigos de Uribe en la Corte Constitucional para entorpecer el avance del referendo en ese tribunal; de la Fiscalía, obligada a decidir si hubo delitos en la promoción del referendo, bajo la doble presión de la sala penal de la Corte Suprema, de un lado, y del Gobierno, del otro. No, ¡si está todo clarísimo, diáfano, transparente!
Desde ya es fácil prever el triste -y peligroso- espectáculo que viene. El gran perjudicado va a ser el país, porque por primera vez en la historia republicana, de aquí hasta pocos días antes de las elecciones presidenciales nadie sabrá si el principal candidato puede participar en ellas. Y mientras eso se define, todas las partes se sentirán con licencia para hacer lo que sea, con tal de asegurarse, los unos de salvar el referendo, y los otros, de hundirlo.
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