PEDIMOS JUSTICIA RECTA E IMPARCIAL

Un intenso artículo de la revista Semana última, intitulado 'La mala noche de los generales', contiene una poderosa carga submarina "contra los generales del Ejército más disciplinado de América", como dijera en carta a Bolívar el héroe de Ayacucho José María Córdova al ser llamado por la justicia a responder por supuestos delitos contra subalternos en operaciones de guerra. Un título en mayúscula en el interior -'La justicia ahora es más drástica con los altos mandos militares, que antes eran intocables'- y varios apartes de la misma nota hacen aún más explosiva esa carga. Veamos algunos.

Aunque el protagonista central de la nota es el general Jaime Uscátegui, a quien el Tribunal Superior de Bogotá acaba de condenar a 40 años de prisión, revocando el fallo favorable del juez que lo excluyó de responsabilidad penal por la masacre de Mapiripán en el Meta, la revista enumera otros casos de generales enjuiciados pero que aún no han sido condenados y dice: "Lo que revela esta actuación de la Justicia es el fortalecimiento de la democracia". Y más adelante añade: "También demuestra que las autoridades civiles están por encima del poder militar".

Curiosas, por decir lo menos, las dos aseveraciones. ¿Por qué el sacrificio de generales prestigiosos y de brillante actuación en orden público fortalece la democracia, que precisamente defendieron con sus vidas y sacrificios sin cuenta a lo largo de muchos años? Además: ¿Cuándo los militares en Colombia no han estado sujetos al poder civil? Solamente en las tres brevísimas incursiones castrenses en el poder político, que otros generales contribuyeron a derrocar, restaurando la democracia republicana sin pedir nada por sí mismos. Por otra parte, los generales enumerados en el artículo no han sido condenados pese al larguísimo tiempo que han demandado sus procesos, como ya se dijo.

Si la drasticidad de la justicia contra los militares llega al extremo de la inhumanidad, como en el caso del coronel Plazas, en el que el ánimo persecutorio y la saña de la jueza de la causa le impidió visitar a su padre agonizante y luego asistir a sus exequias, además de sacarlo a viva fuerza del Hospital Militar con guardias armados del Inpec y negarle la prisión militar para enviarlo a la cárcel La Picota, el contraste con delincuentes comunes tratados con singular benignidad es dramático. Nos encontramos con la Guerra Jurídica cuya existencia muchos violentólogos se niegan a reconocer.

Las similitudes que se pretende establecer de actuaciones de militares colombianos con las de otros países suramericanos, donde juntas castrenses todopoderosas y dictadores omnipotentes aplicaron la Doctrina de Seguridad Nacional, entendida como la contrainsurgencia basada en combatir "la combinación de todos los medios de lucha" de las revoluciones comunistas con metodología similar, no tienen asidero alguno.

Aquí nada de eso ha ocurrido. Si algunos comandantes pudieron incurrir en violaciones del Derecho de Gentes o en connivencia con "paramilitares" para la comisión de delitos atroces, nadie pide lenidad o silencio. Pedimos sí, y en ello nos asiste pleno derecho, justicia recta e imparcial, ajena a espectáculos mediáticos y que no confunda severidad con atropello, saña o retaliación, como viene ocurriendo en casos bien conocidos.

Negar la existencia de la Guerra Jurídica en Colombia es querer tapar el sol con las manos. En esta columna se han detallado innumerables casos de militares exitosos en operaciones contra las bandas en armas, destituidos de sus cargos, maltratados su honor y buen nombre, retiradas sus visas de Estados Unidos que terminan en cesaciones de procedimiento y preclusiones cuando ya el mal estaba hecho. El autor de esta columna sufrió en carne propia tales arremetidas, habiendo sido el más estricto cumplidor del Derecho de Gentes, como lo demuestra en sus libros, escritos después del retiro del servicio activo con inexistente "ruido de sables".