¿QUE PASO CON LAS INVESTIGACIONES DE LA FARCPOLITICA?

En un país como Colombia, acostumbrado a escuchar el trillado argumento de las exhaustivas investigaciones penales, de las cuales casi nunca se conocen resultados concretos, estamos en el momento oportuno, para que la Fiscalía General de la Nación y las Altas Cortes encargadas de tomar decisiones de fondo frente al escabroso tema, no solo salgan ante los medios de comunicación a hacer auto-publicidad, sino a mostrar resultados concretos en relación con los implicados en la Farc-política.
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Los hechos son incontrovertibles. Los archivos electrónicos hallados en los computadores de Raúl Reyes demostraron serios nexos de varios polémicos personajes colombianos con los terroristas de las Farc. Producto de esos nexos, la pastusa viajera alias Sara, terminó encarcelada, pero en otros casos hay una sospechosa demora.
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Los demás implicados siguen tan campantes, como si se cumpliera una vez mas el desagradable adagio que la ley es para los de ruana. Nadie se explica en sana lógica porque la pastusa si fue a la cárcel y los demás implicados no. O porqué la Fiscalía y las cortes han sido tan acuciosos en encarcelar y perseguir a los vinculados en la parapolítica, mientras que a los cómplices de las Farc, no se les judicializa con la misma vehemencia y con la misma prontitud.
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Unos y otros son terroristas y delincuentes, a la vez que son responsables de la violencia irracional que asedia a Colombia. Por lo tanto, no puede haber diferenciaciones o marcados sentimentalismos ideológicos a favor de los farianos. Es algo similar a la bobería repetitiva de los sabihondos analistas y comunicadores sociales, a quienes se les llena la boca al vociferar críticas en contra del dictador Augusto Pinochet, al mismo tiempo que son condesciendes con el presidente Fidel Castro....
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Es hora que la academia, los medios de comunicación y las instancias judiciales se sacudan. Que cada quien cumpla con lo suyo. Que la Procuraduría encargada por norma constitucional de vigilar la conducta de los funcionarios públicos, meta baza en el asunto. Que los superiores jerárquicos de quienes deben fallar en derecho en cada caso relativo a la Farcpolítica, utilicen las medidas coercitivas del Código Disciplinario Único o de las medidas a que hubiere lugar, para que no vaya a haber impunidad, derivada del ya conocido argumento-disculpa de la falta de pruebas o del vencimiento de términos.
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Surge la sospecha que la intencional dilación de estos procesos obedece a que la acción eficaz, eficiente y efectiva contra los bandidos de cuello blanco que actúan en sórdida manguala con las Farc, tiene implicaciones superiores al ámbito de la esfera nacional de la lucha contra el terrorismo.
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Probar los nexos con las Farc de los personajes colombianos mencionados en los computadores de Reyes, como ya sucedió con la pastusa Sara, sería una herramienta valiosa para certificar por medio de otra vertiente, que los archivos son verídicos, y desde luego que son ciertos, los nexos con los terroristas colombianos por parte de los presidentes Lula, Chávez, Correa, Morales, Ortega y las Ongs citadas en los emails que enviaba y recibía Reyes, los cuáles ya han sido descifrados por los organismos de seguridad colombianos.
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Sería ingenuo creer que Correa y Chávez no han movido sus fichas incrustadas en el Partido Comunista Colombiano, para torpedear las investigaciones de la Farcpolítica, pues saben que si se caen estos procesos, tendrán un as estratégico debajo de la manga, para decir que los contenidos de los computadores de Reyes eran falsos, así la Interpol haya confirmado que los textos no fueron alterados en ningún sentido.
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Es hora que la Fiscalía General, los jueces de la república y las Altas Cortes que por razón de sus funciones les corresponda, desaten la madeja de estas enmarañadas investigaciones. Es increíble por ejemplo, que desde hace muchos años, cada vez que se captura o da de baja a un terrorista de cierto nivel de mando dentro de las Farc, en todos los casos sin excepción su prontuario indica que inició la incorporación al grupo delictivo por medio de la Juventud Comunista (Juco) o del Partido Comunista Colombiano (PCC), o de los sindicatos profarianos. Sin embargo las autoridades judiciales miran para otra otro lado y nunca vinculan a las investigaciones a los camaradas del PCC.
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Igual que en el caso de Samper con el cartel de Cali, pareciera ser que las regionales de los camaradas, tienen nexos con las Farc, a espaldas del jurásico Comité Central Partido Comunista. Lástima que ya no vive Jaime Garzón, para que dramatizara está realidad en su célebre espacio "En Quac también hay tiempo para el humor".
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Basta con abrir y hojear cualquier edición del semanario Voz, órgano de difusión oficial del Partido Comunista. Su contenido es pro-subversivo, panfletario, incendiario y coincidente con las tesis de las Farc. No solo en la estratagema de la combinación de las formas de lucha, sino en lo programático, en lo ideológico y en lo procedimental.
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No obstante, ni el Fiscal General de la nación, ni los jueces de conocimiento, ni los doctos magistrados encargados de hacer cumplir la ley, se dan por aludidos, ni mucho menos cumplen con su deber de iniciar las investigaciones de oficio, de sustanciarlas y de aplicar el imperio de la ley, contra quienes en irónica contraposición, pretenden derrocar el estado de derecho y suplantarlos por los tribunales de justicia revolucionaria comunista. En realidad, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver.
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De contera, la Procuraduría General de la Nación, el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y demás organismos de control o vigilancia, tampoco hacen nada para que haya justicia. Todos se arropan con las cobijas de la ineficiencia colectiva y la indiferencia consentida frente a los destinos de Colombia.
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Por otro lado, pareciera ser que los jueces y magistrados venales fueran intocables, aquellos que de manera inexplicable, han hecho caso omiso de sus obligaciones legales y morales a lo largo de más de cincuenta años de terrorismo comunista contra la sociedad colombiana. Por ejemplo, nadie se ha atrevido a denunciar ante las instancias respectivas, a aquellos funcionarios de la rama jurisdiccional, cuyos fallos han sido sesgados y proclives al ideario subversivo.
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Verbigracia los amañados fallos de Pardo Leal cuando se juzgó la cúpula del Eln en los años sesenta y setenta. O la exoneración al terrorista Jairo Capera del M-19 cuando asesinó a sangre fría unos soldados en el Caquetá; o la mas sesgada de todas las decisiones jurídicas de la historia reciente del país: Navarro, Petro, Patiño, Vera Grave, Bustamante y los demás terroristas del M-19 responsables directos e indirectos del holocausto en el Palacio de Justicia y causantes de todos los aberrantes hechos que de su acción se derivaron, hoy son honorables senadores, distinguidos funcionarios públicos, uno es gobernador, y otro es un columnista moralista.
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Mientras tanto quienes salvaron la república del inminente naufragio conexo con la debilidad de carácter e ingobernabilidad de Belisario Betancur, hoy están sindicados ante la picota pública por acusaciones diversas.
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Y mucho mas.
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Ojalá que este llamado de atención llegue a los directivos de los medios de comunicación, a los decanos de las facultades universitarias, al Presidente de la República, a los honorables congresistas, al Fiscal Iguarán, al Procurador Ordóñez, para que no haya mas congresistas parapolíticos o farcopolíticos, ni brujos en la Fiscalía, ni funcionarios del CTI al servicio de los delincuentes como lo denunció Plinio Apuleyo Mendoza hace unos días en otra columna de este diario.
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Pero además para que no se repita el espectáculo circense de ver al Fiscal Iguarán asistir como invitado de honor, a un homenaje a una de las personas investigadas por evidentes implicaciones en la Farcpolítica.
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Que se investigue a los implicados en la parapolítica, que sobre ellos caiga sin parcializaciones el peso de la ley, que paguen por los daños causados a Colombia, que reparen a las víctimas y todo lo que la ley obligue a cumplir.... Sin contemplaciones!!!!!, Pero también que ese dinamismo, esa energía abrumadora, ese despliegue de protagonismo mediático y de supuesta eficiencia laboral de jueces y magistrados, vaya lanza en ristre con fortaleza contra las Farc, contra los denunciados por Farcpolítica, contra los integrantes del Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano infiltrados en el Polo Democrático y los sindicatos.
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Tanto el Fiscal, como los magistrados, como los jueces de la república están obligados a entender que la guerra de las Farc, es un proceso revolucionario que pretende la toma del poder para suplantar todo el actual esquema de gobierno, legislación y justicia, por un sistema comunista calcado de Cuba y cofinanciado por la coca fariana y los petrodólares del gobierno de Venezuela.
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Las Farc están guerra contra el orden normativo actual. En el hipotético caso que tomaran el poder, no dejarían viva ninguna cabeza contraria a su línea ideológica. Asi son los procesos de la violencia y el terrorismo comunista. Esto significa que hay una agresión en ciernes.
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Es hora que todos los funcionarios de la rama jurisdiccional y la Fiscalía, se alejen de la estupidez funcional, que cumplan a cabalidad sus obligaciones constitucionales, y que en consecuencia, reaccionen y judicialicen a todos los complotados que desde adentro y afuera del país, conspiran contra la institucionalidad, el Estado de Derecho, la soberanía colombiana y el destino de nuestro país.
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En este sentido urgen las decisiones de fondo en torno al tema de la Farcpolítica, sin importar quien deba enfrentar cargos ante los tribunales legítimos.