ARMAS, POLÍTICA E INGENUIDAD

El Artículo 216 de la constitución política colombiana estipula que “Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. Me imagino que esta función es la misma que cumplen en cualquier país. Quiere decir que los países tienen ejércitos no como adorno sino para garantizar aquellas cosas que se traducen en vivir con seguridad, tranquilidad, sin amenazas, en orden, etc. Los constituyentes colombianos del 91 (liberales, ex guerrilleros, conservadores e independientes) en el artículo anterior, 217, consignaron el siguiente deber “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. Traigo a cuento estos contenidos de ley porque me parece que es indispensable tenerlos en cuenta en un debate que hace buen tiempo flota en el país sobre si la pretensión del gobierno de derrotar por las armas a los grupos armados ilegales, es una política militarista. Se escucha en ciertos escenarios académicos, intelectuales, de oposición y de algunas Ong que el estado colombiano ha optado por el camino de la guerra y abandonado el de la negociación e igualan la acción de éste con la de aquellos grupos que tienen entre sus objetivos la toma del poder por la vía de las armas y cambiar radicalmente las estructuras jurídicas, políticas y sociales del país.

El sociólogo Francisco Leal Buitrago revive la discusión en columna de El Tiempo (febrero 21 de 2009) al plantear que el gobierno nacional ha escogido el exclusivo camino de las armas para resolver el enfrentamiento histórico con las guerrillas y el tema ya más concreto del llamado “intercambio humanitario”. Antes de polemizar con su planteamiento vale la pena saber la fuente de inspiración de tales aseveraciones. Se ha pretendido vender la idea de que enfrentar militarmente a los grupos insurgentes es tarea inútil puesto que lo correcto es que se destinen los recursos en combatir la pobreza. Nos enfrentamos así a un falso problema, primero les damos a las guerrillas una capacidad de representación de los problemas de miseria, pobreza e injusticia que nunca pudieron alcanzar. Segundo, tendríamos que tragarnos la idea de que las guerrillas colombianas tienen justificación social como si la injusticia social condujera fatalmente a la insurrección (creencia que, recordemos, llevó a la tumba al Ché Guevara en Bolivia). Y, tercero, quienes así opinan y lo divulgan como material de agitación y propaganda contra el “sistema”, creen que la guerrilla se desactivaría automáticamente al desaparecer el “caldo de cultivo”, es decir, reconocería que ya no tiene razón de ser su lucha. No me imagino cómo gobernarían a Colombia los grupos y los dirigentes que piensan de esta manera llegado el momento de enfrentar situaciones de violencia y de amenaza como los que ha vivido el país en las últimas tres décadas a manos de paramilitares y guerrilleros.

Retornando a la idea de Leal, hay que recabar en el hecho de que a las guerrillas se les han abierto varias puertas y oportunidades de negociación desde 1982 que fueron aprovechadas por algunas y desechadas por otras. ¡Cómo olvidar el proceso de El Caguán y todo la soberbia demostrada por una guerrilla que al cabo de tres años no fue capaz de decirle a los colombianos qué era lo que querían negociar! No es, pues, por falta de espacios ni de búsquedas de una solución negociada de lo que se puede acusar a los últimos gobiernos. Ni siquiera al gobierno de Uribe, que se ha manifestado en pro de una negociación sin trampas, con seriedad y sin despejes. No hace mérito al buen debate que se digan inexactitudes o se insinúe que la única respuesta a las guerrillas ha sido la de las armas. Además de estas, que están en consonancia con el espíritu del artículo 216 de la Constitución, el gobierno ha buscado y ofrecido otras salidas e incentivos. El ahogado no se puede buscar río arriba. Lo que da a entender tanto el accionar como la retórica de las guerrillas es que ellas no están interesadas en negociar la paz ni su reinserción en la sociedad y frente a ese desafío el estado y el gobierno (cualquiera que sea) está en el deber imperativo de apelar a las fuerzas militares para que defiendan las instituciones y el orden establecido por la constitución de 1991.

Me parece muy loable que los intelectuales contribuyan a la búsqueda de salidas, pero si ese esfuerzo se hace sobre la base de que debemos aceptar de nuevo una incierta negociación en que las guerrillas no renuncien al secuestro ni a la lucha armada ni a su vieja aspiración de tomarse el poder por las armas, entonces estaríamos muy cerca del buenismo político o en otras palabras de la ingenuidad. Carece de todo sentido pensar una nueva negociación sin exigencias y sin condiciones previas porque eso nos retrotraería a fines de los años noventa. De manera que, para ser justos y estrictos, que el estado ponga hoy por hoy el énfasis en la derrota militar de las guerrillas, sobre todo después de la desmovilización del paramilitarismo, no es producto de una política militarista sino lo que corresponde hacer ante unas fuerzas que insisten tercamente en desafiar a la sociedad y al estado. No hacerlo significaría entregarles la iniciativa y permitir su recuperación y además, violar la Constitución. Impulsar, en nombre de la intelectualidad (que hasta donde entiendo es irrepresentable) un carteo con la guerrilla, haciendo a un lado exigencias inaplazables, es una expresión de buenismo o de candidez, actitudes que encubren las verdaderas intenciones que la guerrilla busca con las liberaciones gota a gota: ganar oxígeno y espacios para salir de su aislamiento.

Darío Acevedo Carmona (ventanaabierta.blogspirit.com)