LO QUE ESTAMOS PERDIENDO

Aunque parezca excesivo, me refiero a una guerra para la cual no están preparadas nuestras Fuerzas Militares. La adelantan con éxito las Farc y su vasta red de secretos aliados. La padecen varios miles de oficiales. La ignora, en cambio, un país que sólo tiene oídos para seguir las polémicas sobre el referendo, las impugnaciones de la Corte y el infinito crucigrama de las candidaturas presidenciales.

En lo que se refiere a las Farc, se nos recuerda hoy solamente que han recibido golpes contundentes, que han disminuido radicalmente sus asaltos y secuestros, así como sus efectivos, que los colombianos se mueven sin temor por las carreteras y que la Fuerza Pública está presente en todos los municipios. Y es verdad, ¿quién lo niega? Pero esta reiteración de cifras y éxitos no le permite a la opinión pública descubrir que la guerra librada por las Farc ha tomado, bajo la dirección de 'Alfonso Cano', otro rumbo, más peligroso y efectivo.

Cambió su estrategia de combate armado. No es la misma de 'Marulanda', que buscaba multiplicar ataques abiertos y sorpresivos en diversos puntos del territorio nacional. 'Cano', por ahora, elude combates frontales. En cambio, bajo sus órdenes, proliferan las minas en todos los lugares donde transita el Ejército y ubica francotiradores en lugares estratégicos, de modo que sin sufrir bajas propias logra que aumente en los pabellones del Hospital Militar el número de soldados lisiados. Muy pocos se ocupan del drama atroz de estos muchachos. Por lo demás, carros bomba y otros actos terroristas en las ciudades cumplen la misión de recordarnos que las Farc siguen vivas.

Pero lo más peligroso de su acción se ubica en otro campo: en la infiltración que ha logrado de amigos o agentes suyos en los órganos de investigación del Estado, en la rama judicial y en el Inpec, con el fin de abrir procesos contra los oficiales más exitosos en la lucha armada, a quienes se les ahoga en un fango de falsas imputaciones. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, en torno a la cual revolotean el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y ONG como Mingas, Codhes, Credos y Justicia y Paz, del mismo signo ideológico, sólo se ocupa de atender inculpaciones de militares, sin tomar en cuenta el perfil moral de los testigos que los acusan y las dádivas y promesas que les son ofrecidas. De este modo, el militar enjuiciado se encuentra en el apremio angustioso de pagar su defensa, sin más recurso que el de hipotecar cualquier modesto bien inmobiliario que posea.

A esta realidad se llegó por el progresivo desmonte de la Justicia Penal Militar, desmonte logrado, cosa absurda, gracias a acuerdos entre el nefasto fiscal Iguarán y un ministro de Defensa del actual Gobierno, Camilo Ospina. Interesado en ofrecer una imagen insospechable de rigor en la comunidad internacional, el actual e impugnado candidato a Fiscal no vio los riesgos que implicaba la supresión del fuero militar, relegado ahora sólo a problemas de disciplina interna. El resultado inocultable de semejante proeza: 8.342 militares investigados por la Fiscalía y un creciente y explicable temor que invade a la oficialidad a la hora de enfrentar a la guerrilla. Cualquier baja puede quedar convertida, por obra de un enquistado aparato investigador, en falso positivo. Evitar el combate puede ser el mejor recurso para evitar el riesgo de un enjuiciamiento. 'Cano' lo sabe. Es lo que busca.

Sería oportuno que las asociaciones de militares retirados invitaran a los candidatos presidenciales para saber si tienen algo en sus proyectos, con el fin de remediar este mal. Buena pregunta para Juan Manuel Santos, Noemí Sanín, Vargas Lleras o Andrés Felipe Arias. Si no se combate la actual conjura judicial contra las Fuerzas Armadas, nadie puede asegurar que la política de Seguridad Democrática continúe dando resultados.